Mientras el grueso de los países de América Latina carece de una regulación para las instituciones de tecnología financiera, México, con la promulgación de la Ley Fintech, se convirtió en un referente para la región, de acuerdo con BBVA.

En su informe Situación Economía Digital, BBVA Research destaca que los países de América Latina carecen de un marco de regulación financiera armonizado y adaptado a los desafíos de la era digital.

“Hasta el momento, las autoridades de la región han optado por no frenar la innovación, pero esta inacción podría suponer un freno al desarrollo de la región”, expone.

En su documento, señala que la transformación digital de los servicios financieros combina la adopción de tecnologías exponenciales, infraestructuras innovadoras y nuevos modelos de negocio, con lo que se permitirá mejorar y expandir la oferta disponible para los ciudadanos y empresas de la región, además de que contribuirá a reducir costos y obtener ganancias de eficiencia en el sistema y, en última instancia, posibilitará la ampliación de la población incluida financieramente, incluso en zonas rurales.

BBVA destaca, empero, que aunque existen claros beneficios, la digitalización también puede dar lugar a nuevos riesgos en materia de estabilidad e integridad del sistema financiero y protección al consumidor, sobre todo en entornos con bajos niveles de capacitación financiera y digital.

“El marco tradicional de regulación y supervisión financiera carece del dinamismo y flexibilidad necesarios para adaptarse a un entorno sujeto a continuos cambios que pueden llegar a ser disyuntivos, y resulta insuficiente para hacer frente a los retos que exceden el ámbito específico de los servicios financieros y requieren de una regulación transversal”, refiere.

Agrega: “Por lo tanto, es necesaria una respuesta holística por parte de gobiernos y reguladores para el desarrollo de un nuevo marco regulatorio”.

Los economistas del banco español señalan que, pese a reconocer los beneficios, y en gran medida también los riesgos, hasta el momento y salvo contadas excepciones, las autoridades de América Latina se han limitado a intervenciones acotadas a regular determinados modelos de negocio innovadores como el crowdfunding, reaccionando de maneras diversas y sin una coordinación regional.

En este sentido, considera que en la definición de estos principios es importante que América Latina siga las mejores prácticas definidas a nivel internacional por los organismos de normalización y la experiencia de otras geografías, donde el debate regulatorio se encuentra más avanzado, como la Unión Europea o Singapur.

Siguiendo estas mejores prácticas, afirma, los pilares fundamentales sobre los que construir el marco de regulación digital en América Latina deberían ser: basado en riesgos y actividades y no en instituciones bajo el foco supervisor; holístico, incorporando no sólo preocupaciones tradicionales de la supervisión del sector financiero (aspectos prudenciales o de conducta), sino también los relacionados con la protección de datos, la ciberseguridad o la competencia; y transversal, basado en una estrecha coordinación entre autoridades de diferentes sectores y países, e incorporando al sector privado desde los primeros momentos.

También flexible y preparado para el futuro, de manera que se adapte a un entorno que cambia rápidamente con relación a las tecnologías y los modelos de negocio; y agnóstico respecto a la tecnología, enfocado en regular únicamente los efectos de la aplicación de ésta.

BBVA estima que a la hora de adaptar el marco regulatorio al nuevo entorno, América Latina se enfrenta a cinco grandes retos de manera urgente: conseguir productos y servicios financieros digitales “extremo a extremo” aprovechando el avance de Internet y la penetración móvil en América Latina, y asegurar la protección de los datos y regular adecuadamente las normas de acceso a los mismos.

De igual forma, establecer un marco regulatorio armonizado y claro para permitir la adopción del cloud computing en el sector financiero, asegurando un adecuado control de los riesgos; reforzar la eficiencia y la robustez del sistema de pagos; y promover la innovación fintech por parte de todos los jugadores.

“En este sentido, los sandboxes regulatorios permiten crear un entorno seguro de experimentación en el que bancos y nuevos proveedores pueden probar soluciones innovadoras sin incurrir en toda la carga regulatoria desde el inicio. Contribuyen a aumentar el diálogo entre el sector público y el privado, así como la colaboración entre diferentes autoridades”, puntualiza.

No obstante, la entidad aclara que cualquier reforma regulatoria o nueva política debe asegurar la existencia de un entorno regulatorio equilibrado y contribuir a reducir las asimetrías existentes entre los diferentes participantes del mercado.

“Para ello, los reguladores deberían contemplar licencias fintech verticales, específicas por actividad y riesgo, en línea con lo que ya se ha venido haciendo en la región para regular la actividad de crowdfunding o ciertas actividades de pagos”.

BBVA Research señala que es urgente que las autoridades de la región comiencen cuanto antes a diseñar un marco regulatorio que alcance el equilibrio entre promover la innovación y la inclusión financiera y asegurar la solidez del sistema y la protección de los consumidores.

En cuanto a México, destaca la aprobación de la Ley Fintech, y recuerda que ahora se ha trasladado al Banco de México, la Comisión Nacional de Banca y Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismas que deberán definir un amplio conjunto de regulación de segundo nivel en los próximos dos años.

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