El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, afirmó que la necesaria reestructuración del sector de las cajas de ahorro está realizada y destacó el escaso costo económico del proceso en relación con otros países.

"Ya se han tomado las decisiones más relevantes referidas a la necesaria reordenación y redimensionamiento del sector de cajas", dijo Fernández Ordóñez.

Además, el gobernador del Banco de España también defendió el modelo elegido por algunas cajas -denominado SIP- para sus fusiones, debido a su estabilidad y a que esos contratos obligaban a una permanencia mínima en este grupo de al menos 10 años.

El modelo SIP permite a las cajas que se integran mantener sus órganos de gobierno respectivos, sus marcas respectivas y algunos de sus compromisos históricos, como la obra social en su respectiva comunidad.

El también miembro del consejo del Banco Central Europeo (BCE) añadió que actualmente el importe provisional que recibirán las cajas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) es de 10,000 millones de euros (12,400 millones de dólares), que deberán devolver entre cinco y siete años.

"Estas cantidades, aún siendo importantes, son muy reducidas cuando se comparan con las aportadas por los contribuyentes de otros países", dijo Fernández tras recordar que la política de provisiones genéricas en España ha aliviado el impacto de la crisis en la banca española.

Ordóñez dijo que en los siete planes de integración con ayudas al FROB se proyecta una reducción de oficinas de entre 20 y 25% y una reducción del personal en torno a 15 por ciento.

En la actualidad, más del 80 por ciento de las cajas existentes en España están afrontando procesos de integración, lo que representa aproximadamente 90% de sus activos, según datos del Banco de España.

Las cajas de ahorros están afrontando la caída del negocio bancario y el deterioro de los activos inmobiliarios con la liberación de provisiones que están empezando a consumir sus recursos propios.

Al contrario que los bancos, las cajas no pueden acudir a los mercados a ampliar capital y su actual sistema de venta de cuotas participativas resulta poco atractivo al no conceder derechos políticos y establecer límites de 5% a los tenedores de las cuotas.

RDS