Para la realización de estudios y proyectos en materia de infraestructura en seguridad pública y justicia se canalizarán 400 millones de pesos del Fondo Nacional de Infraestructura, según se instruye en el Acuerdo para el Apoyo de Infraestructura de Seguridad Pública y Justicia.

En tanto que la Secretaría de Hacienda será la encargada de brindar asesoría a entidades federativas y municipios para implementar esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APPs) para la construcción de ese tipo de obras.

Para el socio de Asesoría Financiera y especialista en la práctica de infraestructura, gobierno y servicios públicos de PricewaterhouseCoopers, José García de Presno, se espera que con el esquema de APPs haya más facilidades para que la Iniciativa Privada participe con el sector público, sobre todo en esta área.

La inversión en reclusorios y otro tipo de obras relacionadas con Inversión Privada es relativamente nueva respecto de otras como las carreteras, comentó el especialista.

Agregó que tanto la Federación como los otros niveles de gobierno han invertido mucho en este rubro para enfrentar las necesidades de la población en seguridad pública en los últimos años.

SERÁN EVALUADOS

Además, la Secretaría de Hacienda de manera coordinada con Banobras, Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública evaluarán de manera trimestral las acciones que se hayan realizado en el marco del acuerdo para fortalecer las medidas de infraestructura en seguridad pública anunciado por el gobierno la semana pasada.

El acuerdo responde a que una de las prioridades de la presente administración ha sido generar acciones de gobierno tendentes a transformar y reforzar los sistemas de seguridad pública y de justicia penal.

Ello con el objetivo de lograr que el Estado garantice la protección de sus habitantes y de sus bienes, construyendo nuevas instituciones que estén a la altura de lo que la sociedad demanda y consolidando el Estado de Derecho en nuestro país.

En el Acuerdo se instruye a la Secretaría de Hacienda para que realice todos los actos necesarios para que el Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, que se aprobó en el Presupuesto del 2012, opere de forma expedita.

El Fondo cuenta con recursos hasta por 12,000 millones de pesos específicamente para infraestructura penitenciaria y del sistema de justicia penal , indica el documento del Consejo Nacional de Seguridad Pública. A la fecha sólo Jalisco, Estado de México y Nuevo León han presentado cartas de intención.

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