El que fuera responsable de los Servicios Jurídicos de BBVA para España y Portugal entre el 2006 y el 2013, José María Crespo, se guardó su derecho a no declarar sobre los contratos entre la entidad financiera y las empresas del comisario José Manuel Villarejo, asunto por el que estaba citado como investigado en la Audiencia Nacional.

José María Crespo fue citado junto con otros cuatro directivos y exdirectivos del banco para comparecer en noviembre, pero solicitó un aplazamiento, por lo que fue convocado.

Al igual que la decena de investigados por su implicación en la firma de aquellos contratos que se extendieron a lo largo de una década e implicaron pagos por encima de 10 millones de euros, Crespo aceptó su derecho a no declarar, alegando que esta pieza de la macrocausa Tándem está bajo secreto y no tuvo acceso a las actuaciones.

Sólo el expresidente del banco Francisco González, el que fuera responsable de Real State Antonio Béjar y la propia representación jurídica de la entidad han roto esta tónica y se han avenido a responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y, en el caso de BBVA, corrupción en los negocios.

Crespo, según publicó Vozpópuli y que confirmó Europa Press, se desvinculó ya de la entidad financiera. Dependía jerárquicamente del máximo responsable del área jurídica del banco en aquel momento, el también imputado Eduardo Arbizu, a quien se relaciona con encargos a Villarejo como la investigación acometida sobre el presidente de Ausbanc, Luis Pineda.

BBVA pagó al menos 211,750 euros a la empresa Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (CENYT), asociada al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, para que investigara al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y la actividad de su asociación, según la factura emitida por la mercantil a la que ha tenido acceso Europa Press y que está fechada el 15 de junio del 2015.