Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) llegaron a un acuerdo sobre la revisión de sus agencias de supervisión del sistema financiero, que dará más poder a estos organismos, en particular para luchar contra el blanqueo de capitales en la banca tras varios escándalos recientes.

La Comisión Europea presentó en septiembre del 2017 su propuesta para reformar la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones (EIOPA), creadas en el 2010 al calor de la crisis para vigilar a los bancos, fondos de inversión o aseguradoras de la UE.

Un año después, tras los casos de blanqueo de capitales en el holandés ING, el danés Danske Bank y el letón ABLV, Bruselas añadió propuestas para reforzar las competencias de la EBA en la lucha contra el lavado de dinero, con el fin de paliar los fallos en el control por parte de los supervisores nacionales que quedaron en evidencia con estos escándalos.

El acuerdo alcanzado el martes por los estados miembros prevé dar más poder a la ESMA, que asumirá la vigilancia directa de ciertos “índices críticos”, así como de los proveedores de información consolidada, servicios que ofrecen datos del comercio con acciones y otros instrumentos financieros.

Asimismo, se compromete a reforzar la cooperación entre las agencias europeas y los reguladores nacionales, como la CNMV española, y a que las primeras presten más atención a las actividades transfronterizas.

El mandato del consejo incorpora nuevos instrumentos, como la elaboración de un plan estratégico de supervisión en el ámbito de la UE, y refuerza mecanismos ya existentes, como las revisiones de pares o las consultas con partes interesadas, con el fin de mejorar la convergencia en materia de supervisión y aumentar la eficiencia de los procesos, indicó la institución en un comunicado.

En cuanto a las propuestas relativas al blanqueo de dinero, el acuerdo prevé reforzar los poderes de la EBA de modo que pueda dirigir decisiones directamente a bancos individuales, siempre como último recurso y en caso de que las autoridades nacionales no actúen.

La autoridad, que se trasladará de Londres a París por el Brexit, evaluará también las estrategias de los supervisores nacionales frente a los riesgos de blanqueo y recogerá información de estos reguladores sobre las debilidades que identifiquen en la lucha contra el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.

También desarrollará estándares comunes de supervisión, coordinará la actuación de las autoridades nacionales y facilitará la cooperación con terceros países en casos transfronterizos.

Las medidas relativas a la EBA habían sido aprobadas en diciembre a nivel de embajadores y buscan subsanar unas deficiencias en la supervisión nacional que han llevado al Banco Central Europeo a defender incluso la creación de una agencia europea específica contra el lavado de dinero.

El pacto alcanzado fija la posición de los 28 estados miembros de cara a las negociaciones con el Parlamento Europeo, que empezarán este jueves, con el fin de lograr un acuerdo definitivo antes de las elecciones europeas de mayo que permita la posterior entrada en vigor de las medidas.