La justicia española aceptó el miércoles juzgar a más de una treintena de ex ejecutivos del banco nacionalizado Bankia, incluido a su ex presidente Rodrigo Rato, por presunto fraude.

La ausencia de una investigación a fondo sobre el caso de Bankia, después de que el grupo pidiera su nacionalización y solicitara ayudas públicas por un importe global de 23,500 millones de euros, ha generado gran malestar en la sociedad española.

Después de la salida de Rato, el grupo revisó las cuentas de 2011 y reveló pérdidas de más de

3,000 millones de euros.

La apertura de la causa judicial es sólo la primera fase de la investigación sobre Bankia y, dependiendo del resultado de la misma, se juzgará si los hechos son constituyentes de delito.

La querella fue presentada por el partido político Unión Progreso y Democracia, quien acusa a los directivos del banco de estafa, apropiación indebida y falsificación de cuentas anuales, entre otros delitos.

La fiscalía anticorrupción anunció a principios de junio que abriría una investigación por el caso.

Las cajas de ahorro españolas, tradicionalmente muy ligadas a los poderes políticos regionales, han sido uno de los principales puntos débiles del sistema financiero español por los elevados riesgos crediticios asumidos durante la época del boom inmobiliario.

Rato, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, presidió la entidad financiera durante todo el proceso de salida a bolsa y posteriormente se vio forzado a presentar su renuncia cuando la nacionalización del grupo era inminente.

La colocación en la bolsa de la entidad ha sido ampliamente criticada por distintos medios y asociaciones debido al elevado importe de la operación, que se colocó en las potentes redes comerciales de las cajas del grupo, mayoritariamente entre pequeños inversores.

Las diligencias abiertas contra Bankia se producen en un agitado momento para el sector bancario en Europa, después de que el presidente ejecutivo de Barclays dimitiera el martes por un escándalo sobre la manipulación de tasas de interés interbancarias.

El Gobierno español asumió el control de Bankia en mayo después de que el banco quedara al borde de la insolvencia. Este rescate forzó a España a pedir ayuda para sus bancos a la Unión Europa.

RDS