Los bancos de la zona euro conocerán, de forma anticipada, si su destino será someterse a un proceso de resolución o a un procedimiento concursal ordinario en caso de declararse su inviabilidad. Ésta es una de las exigencias que contempla el nuevo marco regulatorio fijado por la Junta Única de Resolución (JUR) para garantizar que siempre se velará por el interés público en todas las futuras crisis bancarias.

El documento publicado por el organismo presidido por Elke König contempla, entre otras medidas, que todas las entidades, de la mano de las autoridades, evalúen en sus planes de resolución, (los testamentos vitales en los que se especifica qué medidas tomar en caso crisis) si la solución que mejor preserva el interés público en cada ocasión es acudir a un proceso de liquidación ordinario sujeto a cada legislación nacional, o bien es más adecuado someterse a una resolución.

En el caso de que una entidad opte por acudir a la vía de la resolución, como fue la tomada en el precedente de la crisis de Popular en 2017, la JUR señala en su documento que los planes preliminares tendrán que especificar qué medidas concretas se tomarían para resolver el banco: venta a un tercero, creación de una entidad puente...

Todos estos planes preventivos, elaborados y actualizados cada año, no obstante, podrían ser papel mojado, ya que la autoridad europea de resolución advierte de que en cada caso se evaluará en el mismo momento en que una entidad entre en crisis qué opción puede ser la más adecuada en el sentido de velar por el interés público. Es decir, que aunque un plan fijase de manera anticipada la opción de acudir a una liquidación como la más adecuada, la JUR y las autoridades nacionales de resolución podrían optar en cualquier momento por otra solución si ésta cuenta con el beneplácito de la Comisión Europea.

En todo caso, no obstante, estas evaluaciones preliminares del interés público incluidas en los planes de resolución actuarían como punto de partida para los trabajos de las autoridades una vez decretada la caída de una entidad bancaria en la UE.

Estabilidad financiera y funciones críticas

¿Qué significa proteger el interés público para la JUR? En su documento, el organismo comunitario de resolución puntualiza que la prioridad de las autoridades será la preservación de las «funciones críticas» que una determinada entidad desempeña. En concreto, estas funciones esenciales consideradas por la institución presidida por Elke König son la captación de depósitos, la concesión de préstamos, el mantenimiento de los sistemas de pagos (custodia, efectivo...), los mercados de capitales y la financiación mayorista.

Otro elemento esencial para optar por una resolución, según señala el documento publicado por la JUR, es garantizar que así se vela por la estabilidad financiera del sistema en su conjunto, tanto en uno como en varios países de la UE. Además, se ha de tener en cuenta el potencial riesgo de contagio de la crisis directo (a otras entidades) o indirecto (tanto a bancos como a otros sectores) en función de si se elige la vía de resolver un banco o bien liquidarlo de acuerdo con cada normativa nacional.

Para poder justificar la elección de una u otra alternativa, las autoridades deberán contar con informes que justifiquen la opción elegida como la que mejor preserva el interés público. Entre los elementos tenidos en cuenta para valorar su decisión, la institución comunitaria podrá tener en cuenta no solo los marcos legales nacionales y las circunstancias de cada entidad, sino información adicional de otros organismos (como la Junta Europea de Riesgo Sistémico), o incluso otros aspectos cualitativos o cuantitativos, tales como «las reacciones de los mercados y el comportamiento de los participantes del mercado», indica el documento.

Hasta ahora, la JUR solo tenía la obligación de justificar, una vez concluido un proceso de resolución, si el camino emprendido hubiera sido menos gravoso para los accionistas e inversores de haber optado por un procedimiento concursal ordinario. En el caso de Popular, esta labor de justificación la llevó a cabo la firma Deloitte, que determinó que la opción de la liquidación hubiera impuesto pérdidas incluso a los depositantes no garantizados, frente a una resolución que afectó a accionistas y dueños de deuda subordinada.