Empresas de tercerización reclaman a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) por exigencias de bancos para hacer auditorías.

Cuestionan que bancos como BBVA Bancomer se excedan en sus atribuciones legales y condicionen la conservación de una cuenta a la contratación de despachos de auditoría sugeridos por los bancos.

La interpretación de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) respecto de las obligaciones de las empresas de outsourcing en materia de lavado de dinero tiene, por sí misma, un grado controversial, pero el asunto toma otra dimensión cuando los bancos exceden las atribuciones legales.

BBVA Bancomer ha cancelado cuentas y ha exigido a los clientes que contraten auditorías con despachos de la preferencia del banco.

La respuesta frente a prácticas abusivas

La Condusef y los tribunales comenzarán a recibir quejas, demandas y amparos en contra de aquellos bancos que han excedido sus atribuciones, como sucede con las acciones que pretende BBVA Bancomer de cancelar cuentas de sus clientes, con el argumento de que está justificado por una interpretación de las leyes, reglamentos y disposiciones internas que le señalan esa solución.

BBVA Bancomer exige a sus clientes dedicados a la tercerización que contraten costosas auditorías antilavado so pena de cancelar sus cuentas en esa institución. Incluso, les envía un listado de los despachos con los que tienen que contratar estos servicios, lo cual puede interpretarse como una condicionante.

La subcontratación puede ser una actividad totalmente dentro de las normas cuando se hace en apego a las disposiciones legales y fiscales y por ello tendría que separarla de aquellos que llevan a cabo acciones en contra de los trabajadores y del fisco, en lo que las autoridades han denominado outsourcing.

Esta distinción tendría que hacerse desde las esferas gubernamentales, pues se ha tratado igual a los cumplidos con la ley y a los que abusan de las figuras que la misma ley crea con otros fines.

Desde el 2016, la UIF hizo una interpretación arbitraria de la Ley contra el lavado de dinero, con la que pretende generarle obligaciones a empresas que no se ajustan a los supuestos normativos (las que tercerizan).

Sin embargo, la intervención de las autoridades reguladoras del sector podría generar multas al banco por excederse de sus atribuciones.