La próxima administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador deberá de consolidar el modelo de autoproducción de vivienda asistida con la finalidad de abatir el rezago habitacional en las comunidades más pobres del país, donde se estima que 7 millones de personas no cuentan con un hogar digno para vivir.

De acuerdo con Alfonso Castillo, director general de la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo (socap) Cosechando Juntos lo Sembrado, el modelo de autoproducción de vivienda asistida, que comenzó en el 2006, es uno de los mejores subsidios inteligentes que otorga el gobierno federal, pues además de dar este apoyo, el beneficiario del mismo tiene que participar mediante ahorro y otra parte es vía crédito otorgado por una entidad que generalmente pertenece a la banca social.

“Éste es de uno de los mejores subsidios inteligentes del gobierno, porque para transmitirse se requiere de un crédito que da la banca social y ahorro de la gente. Entonces, este esquema que genera una corresponsabilidad en sí mismo ha hecho que la vivienda en zona rural se haya potencializado gracias a una alianza entre el gobierno federal y muchas organizaciones de la sociedad civil”, detalló el director de Cosechando Juntos lo Sembrado.

Para Castillo, este modelo, que se contempla dentro del programa de subsidios que opera la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), es un camino viable para abatir el rezago habitacional en comunidades rurales, pero tiene que estar acompañado por diversas medidas del gobierno federal para su consolidación.

“Queremos que este modelo de subsidio (es decir subsidio, más crédito, más ahorro) se consolide como una política de Estado, que se amplifique en primera porque las decisiones las toma el beneficiario”, detalló Castillo.

El modelo de autoproducción consiste en el diseño y construcción de una casa, bajo la supervisión del beneficiario, pero con asesoría técnica integral.

De acuerdo con datos de la Red de Productores Sociales de Vivienda, que concentran a entidades de ahorro y crédito popular integradas al esquema, así como a otras organizaciones, del 2012 al 2017 este organismo ejecutó 57,800 subsidios, que significaron una derrama de 1,812 millones de pesos, de los cuales 783 millones fueron por los apoyos del gobierno federal, 870 millones de las organizaciones de la banca social y 159 millones fueron ahorro de las personas.

“En este modelo hay una exigencia de asesoría que dan las desarrolladoras sociales de vivienda, se llama supervisión del subsidio, hay un antes y un después; si hoy una persona quiere hacer un cuarto en su terreno, a los tres meses tiene que estar realizado lo que propuso, es un modelo muy eficiente, exigente”, acotó Castillo.

Acompañamiento

Para que este modelo se consolide en los próximos años, Castillo indicó que es necesario que las entidades financieras participantes tengan una regulación acorde a su modelo de negocio, además de involucrar más a las organizaciones de la sociedad civil para que se conviertan en ejecutoras de estos subsidios.

En cuanto a las entidades de la banca social, dijo que siempre va a existir la necesidad de una regulación congruente con su modelo de negocio; además se debe buscar certidumbre presupuestal.