El gobierno de Estados Unidos exigirá 5,000 millones de dólares en compensaciones en una demanda en contra de la calificadora Standard and Poor’s (S&P), a la que acusa de defraudar a sus inversionistas, en uno de los casos más ambiciosos del Departamento de Justicia en torno de la conducta de las agencias durante la crisis financiera.

Estados Unidos indicó que S&P infló calificaciones de crédito y subestimó riesgos asociados con títulos hipotecarios, impulsada por un deseo de obtener más negocios de los bancos de inversión que emitieron esos títulos. S&P también declaró falsamente que sus calificaciones de crédito eran objetivas, detalla la demanda.

Básicamente, esta supuesta conducta es indignante y va directo al centro de la reciente crisis financiera , dijo el fiscal general, Eric Holder, en una conferencia de prensa en Washington en la que anunció los cargos.

La demanda de 119 páginas, presentada en la corte federal de Los Ángeles, es la primera del gobierno de Barack Obama en contra de una agencia de calificación de crédito, un sector que en general se ha protegido de cualquier responsabilidad al citar la protección de la Primera Enmienda.

Dieciséis estados estadounidenses también están demandando a S&P, una unidad de McGraw-Hill Companies Inc.

Ningún individuo fue acusado en la demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos y no estuvo claro de inmediato por qué el gobierno estadounidense se enfocó en S&P y no en sus rivales Moody’s Corp. o Fitch Ratings, propiedad de Fimalac SA, que también ofrecieron calificaciones a esos títulos.

S&P emitió un comunicado donde sostuvo que la demanda carece de méritos y que se defenderá enérgicamente. La agencia informó que el gobierno eligió selectivamente correos electrónicos para malinterpretar la actividad de los analistas.

Las acusaciones de que deliberadamente mantuvimos altas las calificaciones cuando sabíamos que deberían ser bajas, simplemente, no son verdad , puntualizó la firma.

Entre septiembre del 2004 y octubre del 2007, en momentos en que la crisis en el mercado inmobiliario estaba a punto de estallar, S&P retrasó actualizaciones a sus criterios de calificación y modelos analíticos, lo que debilitó su criterio más allá de lo que analistas consideraban necesario para hacerlo más preciso, agregó el Departamento de Justicia.

Durante ese periodo, según la demanda, S&P emitió calificaciones de crédito sobre títulos hipotecarios valuados en 2.8 billones de dólares y productos vinculados estructurados valuados en 1.2 billones de dólares.

Se cuestiona su seriedad

CALIFICADORAS, FALLOS HISTÓRICOS QUE DESEMBOCARON EN CRISIS

Las agencias calificadoras han estado relacionadas en distintos episodios de crisis financiera que han desembocado en cuestionamientos acerca de la seriedad de sus análisis, sobre todo en detección temprana de problemas financieros.

Tal como lo evidencia el Banco de México en una investigación, la crisis de Argentina en el 2001, el aumento en el endeudamiento del gobierno de Japón o la disminución en la calificación de las industrias estadounidenses Enron y WorldCom son los antecedentes más cercanos de fallas históricas de las agencias calificadoras en alertas tempranas.

En la década de los 90, tras el milagro asiático, las calificadoras apuntalaron la espectacularidad del desempeño de los llamados tigres asiáticos, lo que generó un importante flujo de inversiones de capital hacia aquella región.

No obstante, al comenzar a presentarse problemas financieros en los países del milagro, comenzaron a cambiar sus análisis a niveles que, según el reporte, exponenciaron la salida de capitales de aquellos mercados y agudizaron el deterioro de las economías en crisis.

Lo mismo sucedió en los episodios sucesivos de los llamados efecto vodka, en Rusia, y el efecto tango, en Argentina. Tras caer en crisis ambos países, las agencias se fueron al extremo y degradaron a los más bajos rangos las notas soberanas, lo que alimentó los primeros efectos contagio.

Según el análisis, basándose en las observaciones de las calificadoras, los inversionistas adquieren títulos de deuda que pierden su valor una vez que el emisor cae en insolvencia de pagos.

SUBPRIME, AL BANQUILLO

La Comisión Europea investigó a las empresas calificadoras por su colaboración ante la crisis hipotecaria de EU entre el 2007 y el 2008. Uno de los puntos sustentados fue el conflicto de intereses que hubo en la asesoría a las empresas y a los bancos para que crearan los productos financieros derivados y posteriormente calificarlos.

(Con información de Yolanda Morales)