El pleno de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó en segunda instancia el marco legal de la polémica reforma de las jubilaciones y pensiones propuesta por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro y ahora el texto será enviado al Senado para su aprobación definitiva.

La segunda de las dos votaciones necesarias para la aprobación del texto que define el marco general de la reforma concluyó con el respaldo de 370 diputados, frente al rechazo de 124 y una abstención.

La reforma, que propone endurecer el acceso a las jubilaciones en busca de un ahorro fiscal equivalente a 251,000 millones de dólares en 10 años, es criticada por sindicatos, organizaciones sociales y partidos de oposición, y se registraron protestas en distintos puntos del país mientras los diputados la debatían.

En la primera votación, el pasado 10 de julio, 379 parlamentarios lo hicieron a favor y 131 se manifestaron en contra.

Para su aprobación en segunda instancia, la propuesta del equipo económico de Bolsonaro necesitaba superar los tres quintos necesarios (308 de 513 votos) que exige una enmienda constitucional, cuyo trámite parlamentario es engorroso y requiere diversas votaciones.

Hoy jueves, en una nueva sesión convocada por el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, serán votadas ocho propuestas de modificación al texto aprobado, siete de ellas presentadas por la oposición, antes de encaminar la iniciativa del Ejecutivo al Senado. No obstante, Maia aseguró a periodistas que “no habrá sorpresas” y los ocho puntos específicos para modificaciones deberían ser rechazados por la mayoría de los diputados.

Maia justificó que la pérdida de votos a favor, en comparación con la primera votación de julio, obedeció a que muchos diputados estaban de viaje y no consiguieron llegar el martes a Brasilia. En total, fueron 18 de los 513 congresistas los que estuvieron ausentes en la sesión.

El marco legal de la reforma todavía puede ser objeto de alteraciones, pues los diputados deberán definir ahora la situación en que quedarán algunos sectores específicos. El sector gobernante insiste en que la reforma alcance los ámbitos municipal y regional, que fueron excluidos de la versión aprobada en julio, pese a que estaban en el proyecto original.

Mientras los diputados deliberaban, se realizaron varias protestas en el país convocadas por los sindicatos y movimientos sociales, una de ellas con una concentración en la Avenida Paulista de São Paulo, considerada el corazón financiero del país y donde el lunes también se manifestaron en contra centenas de personas.

La reforma es la gran apuesta del gobierno ultraderechista y liberal de Brasil para intentar recomponer una economía que creció a un ritmo insuficiente de 1% anual en el 2017 y 2018 y que este año, se teme, podría volver a caer en recesión.

El proyecto pretende reducir el gasto con un sistema de pensiones que el gobierno considera “quebrado”, acabar con un crónico déficit del sector público y liberar recursos para la inversión en áreas clave. Para lograr esa meta, se plantea una edad mínima para el acceso a la jubilación, que hasta ahora no era requisito en Brasil y que sería de 62 años para mujeres y 65 para hombres.