Del 2014 al 2018, el monto de evasión fiscal en México alcanzó los 2 billones de pesos, es decir 500,000 millones de pesos anuales, lo que significa aproximadamente la décima parte del presupuesto de egresos de cada año, indicó Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal.

Durante su participación en el seminario Corrupción y Lavado de Dinero, organizado en el marco del XV aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Romero Aranda indicó que en la actualidad, el marco jurídico impide que las autoridades, especialmente la fiscal, puedan detectar el beneficiario final de una operación; sin embargo, se trabaja en mejorar la normatividad para eliminar las barreras.

“De 2014 al 2018, el monto de evasión fiscal por facturas está calculado en 2 billones de pesos… esto quiere decir que son 500,000 millones de pesos al año, que es la décima parte del presupuesto al año lo que se está defraudando en estos esquemas” expresó Romero Aranda.

De acuerdo con el procurador fiscal, ha habido casos donde personas de “escasos recursos o de origen muy humilde”, a cambio de una pequeña cantidad, prestan un servicio para defraudar al fisco, pues firman como accionistas de empresas que defraudan o como administradores de las mismas.

“Ha habido casos donde llegan, al Servicio de Administración Tributaria (SAT), personas de avanzada edad a inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), a sacar su Firma Electrónica, que no tienen propiamente ingresos más allá de uno o dos salarios mínimos y al mes siguiente están sacando facturas por 100 millones de pesos, entonces no cuadra una cosa con otra”, expresó Romero Aranda.

Prioridad en lucha vs. lavado

Para Romero Aranda una de las prioridades de la lucha contra el lavado de dinero es detectar al beneficiario final de una operación ilícita, por lo que ya se trabaja en una reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Penal de Procedimientos Penales y la Ley de Seguridad Nacional, para dar con los beneficiarios finales de operaciones de evasión fiscal y tener sanciones más severas contra este ilícito.

El procurador detalló que si bien se detectan prestanombres en el proceso de operaciones ilícitas, éstos en muchos casos lo hacen por necesidad y aunque son sancionados, esto podría significar una criminalización a la pobreza, lo cual no se puede permitir si los beneficiarios finales de dichas operaciones siguen libres.

“Desgraciadamente si analizamos los elementos que tenemos mediante la Comisión Nacional Bancaria, con sus estados de cuenta, con los esquemas que nos permite el SAT, nos lleva siempre a encontrar a estas personas (prestanombres)…no podemos criminalizar la pobreza, llegar a meter a la cárcel a personas que son usadas para estos fines, la encomienda es llegar a las cabezas”, precisó el procurador.

En este contexto, Romero Aranda precisó que en el Senado se analizan dichas reformas, con el fin de equiparar los delitos de defraudación fiscal con delincuencia organizada.

“Lo que buscamos con esta reforma es seguir la huella del dinero, mediante investigaciones, grupos de inteligencia, llegar adonde guardan el dinero para poder hacer cateos, ver al final de cuentas quién es el beneficiario final y sobretodo, que es algo que no se permite para delitos fiscales, mediante acuerdos de oportunidad a decirles a los prestanombres: ´dime quién fue el que te puso, el que te pagó, a quien beneficias con estos esquemas´, de modo llegar a estas cabezas.