Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) se dicen maltratadas por los órganos reguladores del sistema financiero, en especial por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), debido al monto de las multas que les impone, las cuales son equivalentes a las de entidades bancarias.

De acuerdo con Gicela Castillo Durán, gerente de la Federación Nacional de Cajas Solidarias (FNCS), no hay una diferencia de figura para la autoridad al momento de imponer las sanciones, a pesar de que los bancos cuentan con los recursos necesarios para afrontarlas, mientras que las cooperativas tienen problemas de subsistencia debido a que sus servicios se brindan en comunidades con condiciones poco favorables.

“Condusef nos ha maltratado como sector, porque no hay una diferencia entre las instituciones; así como multa a un banco, con una sanción que puede ser de 200,000 pesos, que para un banco es una risa también se multa a las cooperativas, lo que les significa un gran golpe”, explicó la representante de la FNCS.

De acuerdo con Castillo Durán, este actuar perjudica no sólo a la cooperativa sancionada, sino también a los socios que son parte de ella y que reciben los servicios financieros de la misma.

Según información del Buró de Entidades Financieras de la Condusef, donde se puede conocer el comportamiento de las instituciones y los productos que ofrecen, durante el 2017 este organismo impuso 1,249 sanciones en el sector bancario por un monto de 52 millones 546,783 pesos, mientras que para las socaps fueron 355 sanciones por un monto de 34 millones 486,696 pesos.

La representante de la FNCS indicó que el próximo gobierno debe tomar esto en cuenta si es que en realidad quiere contar con instituciones sólidas que apoyen a la inclusión financiera en este país, la cual en la administración de Enrique Peña Nieto sólo se ha enfocado en entregar tarjetas para dispersar programas sociales.

“Una de las políticas en México es sobre la inclusión financiera, se ha hablado muchísimo de eso; sin embargo, esa inclusión no es entregar una tarjeta, sino en verdad tener instituciones confiables para poder otorgar servicios financieros (...) Los pobres tienen la capacidad de ahorrar y de solicitar préstamos, es en lo que no estamos respondiendo, dar una tarjeta no significa bancarizar”, añadió Castillo Durán.

Más normativas

La gerente de la FNCS recordó que desde que se creó el marco normativo específico para las socaps, en el 2009, existe un artículo especial para diferenciar en la regulación a las entidades que atendieran el sector rural; sin embargo, esto no ha sido así y al contrario se les pide cumplir con las mismas reglas que se tienen en otros sectores, como el bancario.

“Cada día ponen a las socaps estructuras mayores y más pesadas (...) de hecho hay una normativa en Comisión Federal de Mejora Regulatoria en la cual se les pide a las cajas que su comité de auditoría tenga conocimientos de contabilidad, control interno; los integrantes de los consejos de las cajas que al menos representamos tienen nivel de primaria, muchos son maestros, pueden tener un estudio pero no conocimientos de la materia”, comentó.

De continuar esto, Castillo Durán alertó que las cajas que no cumplan con dicha normativa serán sujetas de multas y en el peor de los casos se les revocará la licencia de autorización para realizar operaciones.

Asimismo, denunció que el problema de cierre de cuentas por parte de los bancos a las socaps persiste, sin que ninguna autoridad tome cartas en el asunto. “Sin cuentas bancarias, a nosotros en el sector rural nos acaban”.

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