Alejandra N —quien pidió que no se mencione su nombre real— decidió hace más de tres años meter como inversión 700,000 pesos que recibió como herencia, tras el fallecimiento de su padre, a la sociedad financiera popular (sofipo) Proyecto Coincidir. Al observar un buen desempeño de su inversión, optó por vender el departamento que también le heredó su padre, por el cual obtuvo 1 millón de pesos, que de igual forma invirtió en esta entidad anclada en Jalisco, pero que también tiene operaciones importantes en Querétaro y otros estados del bajío.

Por la primera inversión Alejandra N recibía un rendimiento cercano a 10% anual y por la segunda 14%; sin embargo, en la primera mitad del 2018 comenzaron las dificultades y le dejaron de depositar los intereses que cada mes recibía producto de su inversión. La vida se le complicó y hoy sólo pide que se le regrese el capital invertido, sin importar los intereses.

Con el capital invertido y los intereses que recibía, Alejandra N de 26 años pudo independizarse y comenzar a estudiar una maestría, pero luego de que Proyecto Coincidir le dejara de pagar los rendimientos tuvo que regresar a vivir con su madre y depender de ella, pues para su mala suerte también se quedó sin trabajo.

Desde Guanajuato, Guanajuato, Alejandra N relata su historia a este medio, donde también acusa el lento actuar de las autoridades en este caso, pues asegura que tan sólo para reclamar ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros le pedían al menos 90 días para emitirle un dictamen técnico que le ayudaría a proceder legalmente contra dicha sofipo, relacionada con el empresario Francisco Javier Conejo Cejudo, conocido por su cercanía con la clase política del país.

“Todavía en diciembre del 2017 le dije a la gente de Coincidir que tenía la intención de sacar el dinero, pero el asesor me insistió en que no lo hiciera a cambio de una tasa mayor, entonces renové el contrato y se volvió a reinvertir el dinero a dos años”, narró Alejandra N.

La situación de Alejandra N es la misma por la que atraviesan más de 1,000 ahorradores que confiaron en Proyecto Coincidir, sofipo que debido a sus problemas de capitalización fue revocada la licencia para operar a finalesdel 2018.

Aunque diversas versiones, tanto de directivos de la entidad como de autoridades, apuntaban a que con la venta de su cartera a banco Afirme se conseguirían los recursos para pagar en su totalidad a sus más de 2,000 ahorradores, de esto sólo benefició a una parte, aquellos que tenían menos de 1.2 millones de pesos ahorrados, debido a que no se vendió toda la cartera.

El mes sin retorno

Los problemas de Proyecto Coincidir, encabezado por Carlos Obregón, comenzaron desde octubre del 2018, cuando su nivel de capitalización disminuyó por debajo de lo requerido (superior a 130%) fecha donde comenzaron las quejas de los ahorradores por no recibir sus intereses, así como su capital invertido.

A partir de esa fecha, la entidad comenzó un declive importante hasta que fue revocada su licencia para operar, en diciembre del 2018. Desde que comenzaron sus problemas a la fecha de revocación pasó de 21 sucursales a sólo una. De octubre del 2017 a junio del 2018 su índice de morosidad se elevó de 6.7 a 19.1% y en todo ese periodo operó con pérdidas cada mes. En mayo del 2018 reportó una pérdida de 78 millones de pesos y no hay registros posteriores de sus números.

Inmediatamente después de que la situación de la financiera comenzó a aparecer en la prensa, el presidente del consejo de Coincidir, Carlos Obregón, salió a comunicar que se estaba haciendo todo lo posible para la venta de la cartera a otra entidad financiera, que resultó banco Afirme, con el fin de obtener recursos y liquidar a los ahorradores entre septiembre y octubre del año pasado.

La situación no era para menos, a mayo del 2018 tenía un saldo en su captación de ahorro de 1,427 millones de pesos, el cuarto más grande del sector.

El pago, para algunos, llegó en diciembre del 2018, pero otros, como Alejandra N, sólo vieron cómo su dinero se alejaba más de ellos. Justo el mismo día que comenzó el pago para unos cuantos se anunció la revocación de la sofipo, por lo que a los afectados que no fueron liquidados no les quedó otra opción que solicitar el pago del seguro del depósito, que los protegía hasta 25,000 Udis (156,000 pesos en la actualidad) y si tenían ahorrada más de esa cantidad, el otro camino hacia la recuperación sería la liquidación de los bienes de la misma más allá de sus acciones legales.

El problema radica en que, según cifras de la CNBV, a mayo del 2018 los bienes de esta entidad sumaban 88 millones de pesos, con una cartera cuyo monto actual se desconoce, ya que una parte se vendió a Afirme.

Por el momento, no hay rastro de Carlos Obregón y las autoridades no informan nada al respecto. En su momento, Obregón indicó que el dinero de los ahorradores se utilizó para el pago de créditos agrícolas que no se pudieron recuperar, pero no hay constancia de ello.

En este momento todo hace indicar que los afectados han iniciado un largo camino para tratar de recuperar sus recursos y una parte de ellos y ha empezado a organizarse para realizar acciones legales conjuntas, “para que los abogados no les cobren tan caro”, en una historia similar a la que se vio en el presunto fraude de Ficrea, donde después de cuatro años más de 4,500 personas afectadas apenas han recuperado 20 centavos por cada peso invertido, dentro del concurso mercantil de la misma.