El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que indica que se debe calcular el monto de las pensiones con base en el salario mínimo y no con la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podría incrementar el gasto en pensiones que se aprobó para este año y para el 2020, lo que implicaría una mayor presión a las finanzas públicas del país, indicaron expertos.

“El efecto real en dinero implica una presión importante a las finanzas públicas, pues las pensiones se calculan con la UMA desde el 2016 y si ahora se decide que se deben calcular con base al salario mínimo, será un gasto adicional que no se tenía previsto para el 2019 ni para el 2020”, consideró Gerardo López, abogado y experto en pensiones de la Universidad Panamericana.

Explicó que, lo que sucedió es que, el salario mínimo pasó de 88.36 pesos en el 2018 a 102.68 pesos a partir del 2019, un incremento de 16%; mientras que la UMA de 80.60 pesos a 84.49 pesos, esto es 4.8% más, es decir creció, con base en la inflación que se tuvo.

“Por lo tanto, aquellos pensionados que, desde un principio tenían calculada su pensión en salarios mínimos y que hace algunos años se les cambió a UMA compararon en enero de este año el incremento en sus pensiones y concluyeron que, si hubieran continuado con salarios mínimos su pensión habría aumentado más, pero como se hizo el cambio de UMA, no se vio ese aumento”, agregó.

Por ello, acudieron a la Corte, la cual les da la razón bajo el argumento de que, en sus contratos colectivos se estableció que sus pensiones se calcularían en montos de salarios mínimos y no con UMA, detalló el abogado.

“Si el salario mínimo no se hubiera incrementado de tal manera como se dio en este año, no habrían acudido a la Corte”, agregó.

López mencionó que por muchos años el salario mínimo no se incrementó y que muchas veces la inflación subía más que el salario mínimo, por ello, en el 2016 se decidió establecer la UMA, la cual se mueve en relación a la inflación.

Para este año, se aprobó un presupuesto de 908,800 millones de pesos para el pago de pensiones y jubilaciones del sector público; mientras que para el 2020 se propone un presupuesto de 965,200 millones de pesos, un incremento real de 6.2%, respecto de lo que se aprobó para el 2019.

Al cierre de esta edición, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no respondió si con el fallo de la SCJN se tendría que actualizar el presupuesto en pensiones que se aprobó en el 2019 y lo que se estima para el 2020.

 

Beneficia a quienes más tienen

Ana María Montes, directora de la consultoría actuarial Lockton México, consideró que si se actualizan los diferentes esquemas de pensiones que hay en el país de UMA a salarios mínimos, lo que va a generar es una asignación más ineficiente de los recursos, pues se beneficiará a los que más tienen.

“Es decir, las personas que están jubiladas bajo el régimen de 1973, que en su mayoría fueron trabajadores del Seguro Social, Petróleos Mexicanos o Comisión Federal de Electricidad y cuyas pensiones están entre 30,000 y 50,000 pesos, con la actualización de UMA al salario mínimo van a recibir más”, explicó.

Por ejemplo, una persona que percibe una pensión de 40,000 pesos, si se cambia de UMA a salario mínimo, empezará a percibir 48,600 pesos, debido a que entre el salario mínimo (102.68 pesos) y la UMA (84.49 pesos) existe una diferencia de 21.5 por ciento.

En tanto, una persona que perciba una pensión de 3,000 pesos, con la actualización tendría 3,645 pesos. “Es decir, se beneficia más a los que ya perciben una pensión mayor”, acotó la especialista.

 

Montes recordó que actualmente el gasto en pensiones es regresivo, ya que 90% se concentra en pensiones del régimen de la ley 73; mientras que sólo 10% se concentra en programas sociales relacionados al pago de pensión para personas de la tercera edad o personas con alguna discapacidad.

“Con la actualización de UMA a salario mínimo implicaría que 95% del gasto en pensiones se destine a las pensiones del régimen 73, y sólo 5% a programas que ayudan a los que más necesitan, lo cual no es equitativo”, comentó.

En otro momento, la directora de Lockton enfatizó en que existe un rezago entre el valor de la UMA y el salario mínimo. En el 2016, se determinó que el valor de la UMA se igualaría al salario mínimo en 73.04 pesos diarios y se actualizaría cada año con base en la inflación. Sin embargo, en el 2017, la diferencia entre el valor de la UMA y el salario mínimo fue de 6%; en el 2018 de 9% y en el 2019 la diferencia es de 21.5%, explicó.

“Sabemos que hay un criterio de la SCJN donde dice que, sí hace sentido que se tome en cuenta el salario mínimo para cuestiones inherentes al trabajador o el tema de seguridad social, pero hay que poner en contexto que la política social debería buscar protección a los que están más desprotegidos”, concluyó.