Una vieja petición del sector cobrará vida a partir de este mes. La Secretaría de Hacienda informó que los centros cambiarios dejarán de ser supervisados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Su lugar lo toma ahora la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Ello implica que sin estar regulados se sujetarán a las mismas reglas antilavado que el resto de los participantes del sistema financiero. Pero a diferencia de éstos, tendrán que aplicar políticas de identificación y conocimiento del usuario, en vez de clientes.

Tendrán que emitir reportes de transacciones en efectivo en dólares americanos, de operaciones relevantes y de las internas preocupantes. Para ello deberán contar con sistemas automatizados, ajustar sus estructuras internas y cumplir con todas las disposiciones de carácter internacional. También habrán de crear un comité de comunicación y control como órgano colegiado.

Así se establece en las nuevas disposiciones de carácter general que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, en las cuales se homologan en lo posible las obligaciones impuestas a las entidades financieras. Se pone de relieve que ello obedece a la instrumentación de estrategias efectivas en la lucha contra la delincuencia organizada en México.

Y una de ellas, destacó, es el menoscabo en el abastecimiento de sus recursos económicos, tal como se reconoce en el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se indica que la capacidad económica del crimen organizado es uno de sus principales apoyos para evadir la acción de la justicia.

PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL

La dependencia destacó que, actualmente, tanto a nivel nacional como internacional existe gran preocupación por el aumento de operaciones por parte de la delincuencia organizada en materia de lavado de dinero y del terrorismo y su financiamiento.

De ahí que, derivado de los compromisos internacionales adoptados por México como integrante del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales, resulta de suma importancia incrementar el nivel de adecuación de la normativa vigente de acuerdo con los estándares internacionales que dicho organismo ha instrumentado que han sido reconocidos por diversos países, así como por organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Hay que recordar que en agosto del 2011 se reformó la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito para transferir las facultades de supervisión del SAT a la CNBV, paso para el cual se tomó en cuenta la opinión tanto de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Servicio de Administración Tributaria.

leonor.flores@eleconomista.mx