En plena euforia por los activos virtuales, empujada por el anuncio de Facebook y su critpomoneda Libra, la regulación aplicada a éstos, principalmente en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, está por vivir un parteaguas, pues el mundo discute la aplicación de la llamada regla viajera a los proveedores de servicios de esta industria.

Recientemente, este medio informó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en su reunión plenaria de este miércoles, discutiría una actualización en sus recomendaciones, para reforzar la regulación en materia de prevención de lavado de dinero en el uso de activos virtuales, esta medida, en caso de que se apruebe, significaría que toda la industria de proveedores de servicios con criptomonedas tenga que renovarse, así lo indica la firma Financial Integrity Network.

En un reporte reciente de la consultoría radicada en Washington, Estados Unidos, se explica que de acuerdo con el borrador de la propuesta discutida por el GAFI, todos los países miembros tendrán que realizar cambios para identificar a las partes involucradas en las transacciones de activos virtuales, tal y como sucede en las operaciones bancarias.

“La actualización (en sus recomendaciones del GAFI) en teoría pondría a las transacciones de activos virtuales en línea con los requisitos de la regla viajera”, se puede leer en el reporte de la firma.

La regla viajera es un elemento en el esquema de prevención de lavado de dinero mundial, el cual exige que todas las instituciones financieras involucradas en una transacción identifiquen y conserven toda la información sobre el originador y el beneficiario de dicha operación, con el fin de ser compartida entre sus pares y, en caso de ser necesario, a las autoridades.

La propuesta del GAFI va en el sentido de que todos los proveedores de servicios de activos virtuales apliquen la regla viajera en operaciones superiores a 1,000 dólares.

Si bien, la firma destaca que el impacto de esta medida depende de la versión final que se apruebe, su implementación requerirá que los proveedores de servicios, como las casas de cambio de activos virtuales, realicen cambios en su infraestructura, lo que alteraría la naturaleza de muchos de ellos y haya una consolidación de la industria.

La firma detalla que los proveedores de servicios con activos virtuales ofrecen carteras digitales para mantener saldos en criptomonedas y hacer transferencias a otras carteras y aunque muchos proveedores recopilan información de identificación de sus usuarios, no tienen la capacidad para identificar al usuario del otro lado de la transacción, pues en muchos casos van a direcciones que no están alojadas en otro proveedor.

En este contexto, la firma alertó que para que los proveedores identifiquen a los usuarios en ambos lados de la operación, podrían limitar sus transacciones a un conjunto definido de direcciones identificadas por los mismos, entre otras medidas para tener una identificación más certera, lo que generaría cambios en estas empresas y limitaría las opciones del público para pagos rápidos con criptomonedas.

Financial Integrity Network destaca que en caso de que se apruebe la medida, las recomendaciones del GAFI de poco servirían para frenar la actividad de lavado en estos instrumentos, pues no existe una forma para que las autoridades detengan la generación de carteras digitales que no estén alojadas en algún proveedor de servicio, lo que generaría que la actividad ilegal se centre en plataformas clandestinas.

“En enero, el grupo terrorista Hamas comenzó con una campaña de financiamiento colectivo de bitcoin, que inicialmente se dio en una billetera digital alojada en un exchange de Estados Unidos, pero el grupo se dio cuenta que esto los dejó expuestos a la regulación de aquel país y comenzó a usar una billetera independiente gracias a un software, que probablemente no estaba alojada en una plataforma”, ejemplifica la firma.