El Banco de México pidió al Senado que en la ley de datos personales en posesión de sujetos obligados que está a punto de dictaminar se reconozca que autoridades financieras utilizan estos datos sin contar con el consentimiento de los titulares.

Es necesario que la ley reconozca aquellos supuestos bajo los cuales las autoridades recaban, almacenan y procesan datos personales sin el consentimiento de los titulares de dichos datos, por motivos distintos a la seguridad pública y a la seguridad nacional , establecen las observaciones de Banxico.

Ejemplificó con las autoridades financieras que como parte de la vigilancia recaban información sobre las operaciones que dichas entidades realizan, lo cual incluye ciertos datos sobre clientes y usuarios de los servicios.

Pide que la ley extienda el tratamiento de datos personales a personas morales y no solamente a personas físicas, pues la Constitución no distingue la preferencia entre ambos tipos de personas.

En particular, por lo que respecta a la información de personas morales, las causales de confidencialidad que decreta la ley general de transparencia y acceso a la información pública establece supuestos fuertemente acotados que podrían ocasionar que información de personas morales correspondientes a sus actividades, patrimonio, situación financiera o de negocios, entre otros, debería considerarse como pública y, por tanto, accesible a cualquier persona por el solo hecho de estar en posesión de autoridades , agrega.

Recuerda que autoridades como las financieras o de telecomunicaciones recaban información amplia y detallada sobre la organización, funcionamiento y planes de negocios de empresas sujetas a regulación.

Las causales de confidencialidad que permite la ley de transparencia están referidas únicamente a los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, añade.

Conforme a lo anterior, si la legislación nacional no confiere a las personas morales una debida protección a la información sobre su organización, funcionamiento y actividades, el Estado mexicano, además de conferir a dichas personas un trato diferenciado que la propia Constitución no distingue, vulneraría la protección de las empresas que se establecen y operan en el país , concreta.

tania.rosas@eleconomista.mx