Un grupo de 10 bancos y financieras estadounidenses acordó el lunes pagar 8,500 millones de dólares para poner fin a una revisión caso por caso de ejecuciones hipotecarias ordenadas por el gobierno, en un reconocimiento de que el programa demostró ser demasiado difícil de manejar y costoso.

Cerca de 3.8 millones de prestatarios a los que se les ejecutó su hipoteca dentro del plazo de la revisión recibirán compensaciones en dinero.

Los prestatarios recibirán desde cientos hasta 125,000 dólares, dependiendo del tipo de error que se haya cometido en sus casos particulares, afirmó la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC, por su sigla en inglés).

Las revisiones se produjeron después del escándalo de robo de firmas que involucraba acusaciones de que algunos bancos buscaron ejecuciones hipotecarias defectuosas al utilizar documentos deficientes y fraudulentos.

Bank of America, Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo, MetLife Bank, y otros cinco bancos pagarán 3,300 millones de dólares directamente a algunos propietarios de casas y también desembolsarán 5,200 millones por modificaciones en los préstamos y condonaciones de deudas, afirmaron los reguladores.

La OCC y la junta de la Reserva Federal afirmaron que aceptaron el acuerdo para aliviar la carga financiera de los consumidores más rápidamente que a través de las revisiones.

En abril del 2011, las agencias le solicitaron a los bancos que revisaran las ejecuciones de hipotecas del 2009 y el 2010 para evaluar si se habían realizado de forma injusta o si los consumidores habían sufrido algún daño financiero debido a errores en el proceso de cobro de la deuda.

El contralor de la moneda, Thomas Curry, consignó en un comunicado: Está claro que llevar el proceso hasta su conclusión desviará la llegada de dinero a los propietarios perjudicados y también retrasará innecesariamente la entrega de compensaciones .

El acuerdo anunciado resuelve asuntos que quedaron inconclusos por un acuerdo de 25,000 millones de dólares alcanzado en febrero entre cinco grandes entidades y el Departamento de Justicia, con las autoridades del sector inmobiliario y con los fiscales generales de diferentes estados para poner fin a una investigación sobre las prácticas en las ejecuciones hipotecarias.

Esas autoridades optaron por un abordaje general para lidiar con las acusaciones, mientras que los reguladores bancarios optaron inicialmente por una estrategia más específica, las revisiones individuales.