El test de estrés y el ejercicio de valoración de activos que preparan el Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Bancaria Europea será más exigente que en otras ocasiones , advirtió la institución presidida por Mario Draghi.

Entre las mayores amenazas, al menos para la banca española, figura el tratamiento que se conceda a la deuda pública. Una amenaza que, de materializarse, podría obligar incluso a provisionar generosamente la cartera de vencimiento o aquellos títulos que las entidades quieren mantener hasta su rembolso.

El BCE indicó, en línea con lo manifestado el pasado viernes por la EBA, que la exposición al riesgo soberano en la cartera de deuda a vencimiento será tratada del mismo modo que otro riesgo de crédito en esa cartera, el impacto de los escenarios de pérdidas o impago serán calculados y resultarán en mayores provisiones .

Fuentes financieras reconocen que éste es uno de los aspectos más preocupantes para la banca española de cara a los tests de estrés. El sector, que ya saneó en profundidad los riesgos relacionados con la abundante cartera de crédito vinculada al sector inmobiliario, tiene en balance deuda soberana por 246,700 millones de euros.

A la inquietud por el impacto de los tests de estrés se suma la preocupación por el desarrollo regulador en marcha, que también apunta hacia la penalización de la deuda pública.

La nueva normativa Basilea III que entró en vigor este año establece cambios en los denominados filtros prudenciales en la cartera de deuda disponible para la venta.

Hasta el momento, los reguladores nacionales podían liberar a los bancos de reconocer el impacto en capital de la plusvalía o minusvalía latente en esa cartera de deuda. Pero, de acuerdo con Basilea III, sólo podrán conservar esa potestad hasta el 2016 y, en cualquier caso, el destino del sector es reconocer esa ganancia o pérdida latente en su capital plenamente en el 2019.

El BCE deberá ahora decidir cómo aplica este cambio regulador en los tests de estrés, es decir, si opta por reconocer ya en la prueba una aplicación gradual -de 20% este año según el calendario paulatino de aplicación hasta el 2019- o si se decide que los supervisores nacionales sigan aplicando esos filtros prudenciales como hasta ahora.

En cualquier caso, el uso de esos filtros se detallará en el resultado del test, para que quede patente cuál es la contribución en capital de una normativa reguladora condenada a desaparecer.