Los servicios jurídicos de BBVA han decidido no recurrir a la decisión de la Audiencia Nacional de imputar penalmente al banco en el caso Villarejo por los delitos de cohecho, corrupción en los negocios y descubrimiento y revelación de secretos. El plazo legal para hacerlo, de hecho, ya ha expirado, según explican fuentes jurídicas.

Por sí misma la decisión constituye una sorpresa. Lo habitual es que las empresas agoten todas las vías de recurso. Se desconocen los argumentos jurídicos que han llevado al banco a adoptar esta resolución. La entidad eludió realizar comentarios.

Cronología del escándalo del espionaje de Villarejo

Mayo 2018

Se publican las primeras investigaciones periodísticas que aluden al pago de 5 millones por parte de BBVA a Cenyt (Villarejo) por trabajos realizados entre 2012 y 2017.

9 de enero de 2019

Trascienden informaciones que apuntan a que Villarejo rastreó hasta15.000 llamadas de personas vinculadas con el intento de Sacyr de hacerse con BBVA.

14 de enero de 2019

La Fiscalía Anticorrupción abre diligencias de oficio por el caso BBVA-Villarejo. El juez Manuel García Castellón decide abrir una pieza separada.

14 de febrero de 2019

La Audiencia Nacional da 72 horas a BBVA para que entregue toda la información en su poder sobre la relación contractual mantenida por el banco con Villarejo.

25 de febrero de 2019

Miguel Sebastián, uno de los supuestos espiados cuando era jefe de la Oficina Económica de Moncloa, se persona. También lo hace Carlos Arenillas, ex número dos de CNMV.

14 de marzo de 2019

Francisco González comunica por carta a Carlos Torres la víspera de la junta general del banco que renuncia temporalmente a su cargo de presidente de honor de BBVA.

2 de julio de 2019

El juez Manuel García Castellón imputa a ocho altos cargos y actuales directivos de BBVA, entre ellos al consejero delegado entre 2009 y 2015 Ángel Cano y al exjefe de Seguridad Julio Corrochano.

29 de julio de 2019

La Audiencia Nacional imputa a BBVA como persona jurídica por corrupción en los negocios, cohecho y revelación de secretos.

30 de julio de 2019

El banco destituye al responsable de Control Interno, Eduardo Arbizu, después de que el juez apuntara a la cúpula por sospechar que consintió los contratos con Villarejo.

La decisión podría responder, según fuentes jurídicas, al deseo de no incrementar más el ruido mediático sobre BBVA, teniendo en cuenta que este caso está dañando ya su reputación, como ha reconocido su consejero delegado, Onur Genç. Además es muy difícil que este tipo de recursos prospere si no hay argumentos de peso.

En este caso es complicado que los haya porque la pieza judicial está todavía bajo secreto de sumario y sólo tienen acceso a los resultados de las pesquisas el juez instructor y los dos fiscales Anticorrupción asignados a la causa.

Declarar ante el juez da acceso al sumario de manera indirecta, porque las preguntas que se formulan en las declaraciones proporcionan pistas sobre la información que existe contra un investigado.

En cualquier caso, con esto el banco no se cierra ninguna puerta. "Es posible pedir la desimputación en un momento procesal posterior, sobre todo si se estima que el juez va a levantar pronto el secreto de actuaciones y puede tener acceso a información sobre las pruebas que existen en su contra", señala un abogado penalista.

Muy pocos casos mantienen el secreto de sumario más allá de medio año. En esta pieza, las investigaciones ya han cumplido el quinto mes.

El despacho de cabecera de BBVA es Garrigues. Helena Prieto, socia de derecho Penal, está considerada una de las mayores expertas en responsabilidad penal de personas jurídicas de España. Antes de fichar por este despacho ejercía como fiscal y era asesora técnica de la Fiscalía General del Estado.

El juez Manuel García Castellón investiga si BBVA conocía que la empresa Cenyt, controlada por el entonces comisario de Policía José Manuel Villarejo, realizaba labores de espionaje y seguimientos ilegales a empresarios y miembros del Gobierno para cumplir con los encargos realizados para el banco entre 2004 y 2017. Entre ellos, trabajos de inteligencia para evitar que Sacyr se hiciera con el control de la entidad.

El juez sospecha que la cúpula de BBVA "consintió" los encargos a Villarejo "por el beneficio personal y empresarial" que reportarían a la entidad. La Fiscalía Anticorrupción tiene indicios de que "alguno de los directivos" habría recibido "dádivas" (sobornos) de Cenyt para facilitar dichas contrataciones.

En su condición de imputado, BBVA tiene la obligación de designar un representante legal para acudir al juzgado. Lo habitual es que se elija a un responsable de Cumplimiento Normativo.

En el caso de que BBVA acabe condenado, el banco se enfrentaría al pago de una multa.

De momento, el juez ha imputado a ocho directivos y exdirectivos de BBVA. Fuentes jurídicas apuntan que la lista de investigados podría ampliarse tras el verano, después de que García Castellón haya analizado la documentación policial recabada hasta la fecha y los hallazgos del informe encargado por BBVA a PwC a principios de año.