Tal y como lo contempla la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como Ley Fintech, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicaron las disposiciones secundarias de dicho marco normativo, las cuales indican el camino a las fintech para solicitar su autorización, endurecen las reglas para la operación de los fondos de pago electrónico así como lo previsto para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en dichas plataformas.

Uno de los puntos que resaltan dichas disposiciones es respecto al capital mínimo con el que tendrán que iniciar las fintech autorizadas. Según lo publicado en el DOF, las plataformas que busquen estar autorizadas y supervisadas en el sistema financiero regulado tendrán que arrancar con un capital mínimo de entre 3 millones y 4.2 millones de pesos de acuerdo al tipo y número de operaciones que les permita la autoridad.

El capital mínimo con el que deberán contar las instituciones de financiamiento colectivo autorizadas para realizar sólo un tipo de operación en moneda nacional, ya sea de financiamiento colectivo de deuda, de capital o de copropiedad o regalías, tendrá que ser equivalente a 500,000 Udis, es decir poco más de 3 millones de pesos.

Este monto también aplicará para las fintech de fondos de pago electrónico autorizadas para realizar operaciones en moneda nacional y cuya autorización no contemple la realización de transacciones con activos virtuales, moneda extranjera o actuar como cámara de compensación en redes de medios de disposición.

Para aquellas fintech de fondeo colectivo, y de fondos de pago electrónico, autorizadas para realizar dos o más tipos de operaciones, ya sea con activos virtuales o con moneda extranjera, el capital mínimo será el equivalente a 700,000 Udis, es decir alrededor de 4.2 millones de pesos.

Con estas últimas reglas, de acuerdo con fuentes de la industria, se les dice adiós a las fintech de garaje.

Límites crowdfunding

Dichas disposiciones también contemplan los límites en el valor de los proyectos que se publiquen en las plataformas de fondeo colectivo, o crowdfunding, así como en los recursos que un solicitante de ésta puede pedir por medio de diversos proyectos.

De acuerdo con las disposiciones secundarias de la ley, las instituciones que sean autorizadas para operar como plataformas de fondeo colectivo no podrán publicar proyectos con un valor superior a 50,000 Udis, es decir poco más de 305,000 pesos en caso de que se trate de crowdfunding de deuda de préstamos entre personas.

Para el financiamiento colectivo de deuda empresarial entre personas, para proyectos de desarrollos inmobiliarios, de capital y de copropiedad o regalías, este límite será de hasta 1 millón 670,000 Udis, es decir alrededor de 10 millones 187,098 pesos.

Aunque, en estos últimos rubros, la industria fintech no estuvo cómoda, en especial las plataformas dedicadas al fondeo colectivo inmobiliario, los límites no se modificaron respecto a las últimas actualizaciones que se publicaron en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), que era el paso previo antes de publicarse en el DOF.

Pese a esto, sí se incluyó una excepción, la cual da la posibilidad de que las plataformas de fondeo colectivo en estos últimos rubros puedan publicar proyectos superiores a 1 millón 670,000 Udis, es decir los 10 millones 187,098 pesos contemplados, y que no rebasen los 6 millones 700,000 Udis, es decir 40 millones 870,395 pesos. Esta excepción aplicará siempre y cuando la autoridad otorgue su permiso para ello.

Los solicitantes de fondeo en estas plataformas no podrán obtener recursos, por medio de diversos proyectos, que sumen el equivalente a moneda nacional de 7 millones 370,000 Udis, es decir, hasta 44 millones 957,000 pesos.

Límites de recursos en efectivo

Con la finalidad de prevenir el lavado de dinero, también se publicaron reglas de los límites para la recepción de recursos en efectivo y transferencias de recursos.

Las instituciones de fondos de pago electrónico deberán solicitar la autorización a la CNBV para recibir o entregar recursos en efectivo a sus clientes hasta por 10,000 Udis mensuales, es decir alrededor de 61,000 pesos, y hasta por 1,500 Udis, 9,150 pesos diarios.

Para las instituciones de fondeo colectivo, estos montos serán de entre 3,000 Udis (10,000 pesos) y 10,000 Udis (61,000 pesos) mensuales, de acuerdo al tipo de riesgo de cliente.

Las disposiciones de prevención de lavado especifican que las plataformas fintech deberán de implementar un enfoque basado en riesgos, de acuerdo a su exposición por productos, servicios y clientes, países o áreas geográficas, entre otros aspectos, tal y como se solicita a las entidades tradicionales del sistema financiero.

Otros puntos que se definen con dichas disposiciones son relativos a la información que tendrán que presentar de sus accionistas, los criterios de contabilidad, la valuación de sus activos, así como la presentación de sus estados financieros, revelación de información hacia la autoridad, entre otras.

Lo que sigue de la Ley Fintech:

Se publicaron las primeras disposiciones secundarias de la Ley Fintech; sin embargo, el camino todavía no termina para aterrizar en su totalidad el marco normativo, pues faltan todavía otras reglas que se pueden publicar hasta dos años después de emitida la ley.

  • La autoridad tendrá hasta marzo del 2019 para publicar reglas como el uso de medios electrónicos en plataformas crowdfunding y la prestación de servicios de terceros.
  • Además, para las instituciones de fondos de pago electrónico se deberán publicar las reglas respecto a la periodicidad de evaluación del cumplimiento de la seguridad y los requisitos de terceros para evaluar la continuidad operativa.
  • Para ambas figuras que contempla la ley, se tendrá que definir el tema de los programas de autocorrección.
  • A partir de las disposiciones secundarias, las fintech interesadas en autorizarse tendrán 12 meses a partir de ayer para presentar su solicitud de autorización.
  • Una vez recibida la solicitud, la CNBV tendrá 180 días para resolver la solicitud.
  • Las entidades que pidan su solicitud deberán publicar en su página web que la autorización se encuentra en trámite y que no es una entidad supervisada.
  • Quienes no soliciten su autorización no podrán celebrar nuevas operaciones, deberán realizar sólo actos para concluir o ceder las operaciones existentes, informando de esto a sus clientes.
  • Se espera que antes de que finalice la actual administración se emitan reglas respecto al open banking, así como al de modelos novedosos.

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