La propuesta de otorgar mayores facultades constitucionales al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para que realice cada dos años una medición de la concentración de la riqueza con apoyo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), tal como lo propuso el presidente de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar, es positiva, pero se tiene que cuidar la privacidad de las personas y dejar en claro que la función del Inegi no es fiscalizar a las personas, indicaron expertos.

“Es fundamental que el Inegi no tenga acceso al nombre de las personas. Debe quedar claro que el Inegi tiene que calcular la riqueza para efectos estadísticos y de distribución de la riqueza, se debe separar la tarea de generar estadísticas de la tarea de fiscalización”, dijo Enrique Cárdenas, economista y profesor de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Agregó que es indispensable que se pueda lograr una medición efectiva tanto de los sectores más vulnerables como de los más acaudalados para la creación de políticas públicas.

Rodolfo De la Torre, director especialista en desarrollo social con equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) coincidió en que, es una iniciativa bastante progresista y es una información de la que ha carecido el país por mucho tiempo. A su parecer existen tres beneficios principales de obtener este tipo de información.

“Primero, poder tener información de la situación en la cual se encuentra la sociedad permite realizar un diagnóstico; como segundo punto, ello nos permitirá  conocer la desigualdad en el país; y tercero, se podrían hacer acciones de política pública ya sea para corregir desigualdades o para tener una economía más sólida y equitativa”.

El economista Juan Carlos Moreno-Brid indicó que, la desigualdad es uno de los principales obstáculos para que crezca la economía. “Piketty demostró que la distribución del ingreso es tan alta que impide el desarrollo de las economías, no vería conveniente que la facultad del Inegi se diera de manera constitucional, basta con que se tengan medidas fidedignas”.

Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex manifestó su desacuerdo con la propuesta y publicó en su cuenta de Twitter “Morena propone un nuevo Estado, donde el Inegi revise el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas; que se grave la propiedad de la riqueza y el ingreso y que la Cofece evite el sobreprecio que se impone al momento de adquirir. Uff”.

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