En los 15 años de historia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), nunca esta instancia de la Secretaría de Hacienda había tenido tanta visibilidad ni los reflectores como los tuvo en el 2019, pues su titular, Santiago Nieto Castillo, tuvo un papel relevante en casos que presuntamente involucraron a exfuncionarios, principalmente de la anterior administración.

La UIF es una instancia administrativa de la Secretaría de Hacienda, que tiene la facultad de recibir reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, con el fin de analizar las operaciones financieras y económicas y diseminar los análisis para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Sin embargo, aunque el 2019 fue un año con los mejores números de esta unidad desde su creación, en el 2004, también salieron a la luz las deficiencias, barreras normativas y estructurales a las que se enfrenta y que permean en el combate de México en la lucha contra el blanqueo de capitales, ilícito que se presume que ronda 50,000 millones de dólares al año en el país.

De acuerdo con Nieto Castillo, cuando él llegó a tomar las riendas de la UIF, en diciembre del 2018, se encontró con una unidad prácticamente desmantelada y desvinculada del resto de las instituciones regulatorias el país y autoridades judiciales. 

En este contexto, el trabajo del también extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales en su llegada a la UIF consistió en realizar un análisis FODA (debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades) y una planeación estratégica, por la cual se definieron cinco temas prioritarios para la unidad: combate al robo de hidrocarburos, trata y tráfico de migrantes, empresas fachadas y factureras, narcotráfico y corrupción política.

Los números

Los números que tuvo la UIF durante el 2019 han sobrepasado lo que se hacía en otras administraciones. Tan sólo en los 12 meses del año anterior, presentó 164 denuncias por lavado de dinero.

Asimismo, el número de recursos bloqueados a personas señaladas de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita también fue histórico: en el 2019 se bloquearon más de 4,600 millones de pesos, 52 millones de dólares y 1,875 euros.

El titular de la UIF indicó que el actuar de esta unidad en esta administración es resultado a las observaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional realizó a México sobre su lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

“En enero del 2018, el GAFI, al rendir su informe sobre México, señaló que la UIF no diseminaba suficiente información a las autoridades de procuración de justicia y que no se había incrementado el número de sentencias condenatorias y de decomisos de bienes e instrumentos de delito relacionados con el lavado de dinero”, explicó Nieto Castillo.

Para expertos en la materia de prevención de lavado de dinero esta labor más dinámica respecto a la que tuvo en otras administraciones, es una buena noticia, especialmente para el sistema financiero, quien ahora ve una unidad con una actuación acorde a la información que proporcionan de operaciones que podrían presentar indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Cuestionan visibilidad

Sin necesidad de un cambio legal, simplemente un empuje interno, la UIF se ha convertido objeto de los reflectores por su participación en casos de relevancia nacional: desde el robo de hidrocarburos; los presuntos casos de corrupción en Pemex que apuntan a su exdirector Emilio Lozoya; las presumibles conexiones de magistrados federales con cárteles de la droga y el señalamiento al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por supuesto lavado de dinero.

Nieto Castillo se convirtió en un recurrente en las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador para detallar los casos que investigaba. Para expertos, esto no es una buena señal para UIF y su labor de coadyuvar en la lucha contra el lavado de dinero.

“La UIF tiene que hacer inteligencia y la inteligencia se hace de manera discreta, callada, prudente, mesurada, con un bajo perfil, sin dar conferencias de prensa”, declaró en su momento Jorge Lara Rivera, exsubprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la extinta Procuraduría General de la República.

Asimismo, Briseño Maldonado indicó que no es conveniente que Nieto Castillo tenga los reflectores en aras de guardar la discrecionalidad de la UIF.

El director de la consultoría Briupec añadió que además son visibles las diferencias de Nieto Castillo con los titulares de otras autoridades, como el de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, lo que puede afectar la coordinación de ambas dependencias y mermar la lucha del gobierno contra el lavado de dinero.

Retos y obstáculos normativos

En el 2019, la UIF no sólo tuvo reporte de los mejores números de su historia, sino también sufrió por las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al congelamiento de cuentas.

Durante el 2019 tuvo que desbloquear más de 10,000 millones de pesos a personas señaladas de cometer actos de lavado, en su mayoría por resoluciones judiciales de los jueces de amparo. Desde hace años, la SCJN declaró esta medida como inconstitucional. 

El congelamiento de recursos por parte de la UIF es una medida cautelar que tiene la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pueden dar paso al lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

En el año anterior, la única reforma que se presentó, discutió y votó en el Congreso de la Unión, relacionada con la labor de la UIF y la lucha contra el lavado de dinero, fue la modificación al artículo 116 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, con el fin de fortalecer legalmente el mecanismo del bloqueo de recursos que realiza la unidad; sin embargo, ésta de último momento se trabó y quedó suspendida.

Dentro de los cambios que se buscan impulsar, se prevén modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como ley antilavado; a la ley de Instituciones de Crédito; al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, y a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.