El secretario de Justicia estadounidense, Eric Holder afirmó que el gobierno federal podría impugnar la nueva ley de inmigración de Arizona.

La nueva ley podría dar lugar a abusos, dijo el funcionario en conferencia de prensa. Añadió que su departamento y el de Seguridad Nacional están estudiando la norma.

La ley requiere a las fuerzas del orden que pidan documentos de identidad a cualquier persona que despierte sospechas de estar en el país ilegalmente.

Holder dijo que se estudian varias opciones, entre ellas la de impugnar la ley ante las cortes.

Más temprano, la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, criticó la ley de Arizona, al considerar que desviará recursos federales del combate a crímenes serios como el pandillerismo hacia tareas migratorias.

'Desde el punto de vista del Departamento de Seguridad Interna y de la Oficina de Servicios Migratorios y Aduanales tenemos preocupaciones profundas con esa ley desde la óptica del cumplimiento de la ley', dijo Napolitano ante el Comité Judicial del Senado.

'Creemos que desviará recursos que necesitamos para enfocarnos sobre aquellos que están en el país ilegalmente y que están cometiendo los crímenes más serios, como los fugitivos por delitos graves y pandilleros', apuntó.

Napolitano, quien como gobernadora de Arizona vetó en dos ocasiones iniciativas de ley similares, reaccionó así al comentario del presidente del Comité, Patrick Leahy, quien aseguró que la nueva ley SB1070 de Arizona será impugnada por razones constitucionales.

Obama no puede revertir la reforma: SRE

Julián Ventura, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, descartó que el presidente de Estado Unidos, Barack Obama, pueda revertir la ley antiinmigrante.

En entrevista con W Radio, el funcionario aseguró: Obama no puede revertir la ley, Obama sólo puede iniciar procesos legales que pueden llegar hasta la Suprema Corte de ser necesario , aclaró

Además detalló las opciones legales con las que cuenta el gobierno México para impulsar un proceso que verifique que la Ley cumpla con las garantías constitucionales, antes de que entre en vigor, como las instancias internacionales.

Aseguró que en las próximas semanas se observara un activismo legislativo para cuestionar la legalidad de la Ley antiinmigrante .

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