Héctor Molina / El economista

Debido a la falta de nombramiento de los 18 magistrados especializados en corrupción pertenecientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, hay entre 30 y 40 casos de funcionarios acusados de faltas administrativas graves, como cohecho, que no se han podido desahogar, alertó la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés).

“ (Los magistrados) tendrán facultades para destituir a funcionarios que cometan tales delitos desde sus cargos, prohibir que ejerzan cargos públicos por hasta 20 años, y multarlos con montos de hasta el doble de los fondos públicos que hayan malversado”, refirió la organización.

Cabe recordar que recientemente la Comisión Permanente del Congreso de la Unión desechó las propuestas de nombramientos para los magistrados anticorrupción.

En el informe “El futuro del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) de México: la lucha anticorrupción bajo el mandato del presidente (Andrés Manuel) López Obrador”, la ONG internacional hace énfasis, por otra parte, en los casos de la Estafa Maestra y los sobornos emitidos por la empresa de origen brasileño Odebrecht, asuntos que demostrarán la voluntad del actual gobierno federal para combatir la concusión, opinó WOLA.

 

Cuentas, reservadas

Por cuatro votos en contra y dos a favor, el Comité Coordinador del SNA rechazó transparentar en cifras las cuentas bancarias de los servidores públicos en las declaraciones patrimoniales y de intereses.

En sesión extraordinaria este miércoles, el Comité Coordinador continuó la discusión sobre los nuevos formatos de declaraciones patrimoniales para los funcionarios públicos.

Uno de los puntos a discutir fue el presentado por el INAI, en el que se propuso que las cuentas bancarias de los funcionarios públicos se transparentaran de manera que se especifique cuáles son los montos, con pesos y centavos, de las mismas cuentas.

No obstante, la propuesta para transparentar las cuentas fue rechazada.

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