Los presidentes municipales que viven en áreas rurales con poblaciones pequeñas son los más propensos a sufrir un ataque, de acuerdo con un estudio de la investigadora Laura Y. Calderón, publicado por el proyecto Justice in Mexico de la Universidad de San Diego, California.

En el documento “Análisis de Asesinatos de Alcaldes 2000-17”, la investigadora atribuyó lo anterior a que un municipio rural permite que los cárteles locales superen a sus gobiernos en recursos y capacidades para luchar contra ellos o incluso, para defenderse a sí mismos.

Por otro lado, señaló que al ser más distante, las autoridades municipales pueden aliarse con grupos del crimen organizado más fácilmente sin que el federal pueda hacer algo al respecto.

Calderón planteó que una alianza —a primera vista— parece “una ventaja” debido a la protección potencial que una organización de tráfico de drogas podría proporcionarles; sin embargo, termina siendo más peligroso en estados disputados por el crimen, porque los grupos rivales tienen la posibilidad de percibir ese pacto como una amenaza y volver a las autoridades locales el blanco de sus crímenes violentos; el más extremo: el homicidio.

De acuerdo con la base de datos del proyecto Justice in Mexico; 71 alcaldes, 68 exediles, ocho candidatos a una presidencia municipal y cuatro alcaldes sustitutos fueron asesinados del 2002 a octubre del 2017.

De esas víctimas, nueve murieron durante la administración del presidente Vicente Fox; 64 durante la del exmandatario Felipe Calderón, y 78 bajo la actual administración de Enrique Peña Nieto.

Antes del 2002 no existe información verificada que documente casos de alcaldes víctimas de homicidio, aclaró la investigadora en el trabajo.

Del número total de víctimas documentadas en la pesquisa, 40% representaba al PRI; 20% al PRD; 15% al PAN; y 8% a otros partidos políticos, “lo que lleva a una reacción inicial de pensar que los representantes de PRI son más propensos a ser blanco del crimen organizado”, se lee en el documento publicado a inicios del año en curso.

Lo anterior, observó la especialista, se puede deber a dos supuestos: “Uno, la relación histórica entre este partido político con la corrupción y grupos del crimen organizado; el segundo es que el PRI todavía tiene la mayoría de gobiernos municipales de México”.

Laura Y. Calderón afirmó que es notable que las víctimas más específicas sean alcaldes en funciones. Esto no es sorprendente dado el poder que deben mantener. Para un presidente municipal es crucial estar al tanto del entorno: en qué estado viven, en qué municipio se encuentran gobernando y qué organizaciones criminales están presentes entre ellos.

En este sentido, Calderón consideró importante reconocer los desafíos en un estado donde existe un monopolio de la delincuencia organizada y los de una entidad en disputa. Si un alcalde gobierna en un estado monopolizado en términos de crimen organizado, es menos probable que se convertirá en un objetivo, no porque a la organización criminal no le gustaría su colaboración, sino porque no ven una amenaza inminente para sus operaciones.

El problema surge cuando un alcalde gobierna en un estado con presencia de dos o más cárteles peleando por plazas, porque no sólo habrá disputas sanguíneas en su propio territorio; lo más probable es que una o ambas organizaciones intenten corromperlo para protección o colaborar.

Lo anterior, detalló la especialista, podría activar automáticamente un estado de alerta para la otra organización criminal que percibirá al presidente municipal como una amenaza y luego él o ella se convertirá en un objetivo; y si el funcionario no colabora con el grupo rival, el homicidio será el final más probable de la lucha, se expuso.

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