En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre), funcionarias públicas reconocieron que el Estado debe garantizar que México asuma que la violencia de género es un problema inaceptable y que debe ser erradicada, tanto dentro del gobierno como en el sector privado.

Durante el webinario “Diálogos sobre corrupción y violencia de género”, Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, recordó que de acuerdo con datos de la OMS, hasta 70% de las mujeres mexicanas han sufrido violencia física, sexual o ambas —en la mayoría de los casos— a manos de su pareja y en el trabajo, y más de 20% vivieron algún tipo de discriminación en espacios que incluyen al gobierno.

Destacó que cuando el sexo es la moneda del soborno, existe un sesgo de género en contra de las mujeres, originado por una relación de poder, asimétrica y violenta, que sucede también en los casos de acoso y hostigamiento sexual, conductas que la Función Pública combate al promover y facilitar la denuncia.

En tanto, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, consideró que es necesario sensibilizar a la sociedad sobre las violencias que sufren las mujeres en el país.

Al señalar que en México son muchas las conductas que impiden que se ejerzan de manera plena los derechos de las mujeres, entre ellas la impunidad causada por la corrupción que contribuye a mantener la violencia de género, la funcionaria destacó que son las mujeres las más expuestas a sufrir impactos en el acceso a la economía y el emprendimiento, donde padecen la coacción sexual en lugares de trabajo o de estudio.

Asimismo, Nadine Gasman puntualizó que si bien las mujeres no perciben de manera diferente la corrupción, sí están expuestas a sufrir mayores impactos por los altos niveles de impunidad; por ejemplo, en comparación con los hombres, las mujeres padecen consecuencias de la corrupción como en la participación política, en escenarios que van desde la influencia indebida en los procesos electorales hasta manifestaciones de violencia política.

Además, dijo, es en la impartición de justicia donde las mujeres sufren también por la corrupción, ya que —ejemplificó— gran parte de los feminicidios permanecen en la impunidad, como consecuencia de actos de falta de transparencia; mientras que en las denuncias de abuso sexual se registra que sólo 2.7 de cada 100 denuncias llegó a una sentencia, entre 2017 y 2019.

Y en los casos de hostigamiento sexual, el nivel de impunidad es todavía mayor, con un total de 3,502 denuncias, en donde sólo 10 acabaron con sentencia a favor de una mujer.

La comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres, Fabiola Alanís Sámano, reconoció que uno de los grandes retos a nivel de procuración de justicia es el gran rezago en las carpetas de investigación, al tiempo que las autoridades no han aprendido a integrar adecuadamente las investigaciones con perspectiva de género.

maritza.perez@eleconomista.mx