Luego del asesinato de 14 policías en Aguililla, Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo optimista de que se logrará recuperar la paz social, con bienestar y con la Guardia Nacional. Reiteró que su gobierno está abocado de tiempo completo en atender este asunto, aunque justificó que gobiernos anteriores dejaron avanzar el problema de la inseguridad.

Respecto a la ampliación de mandato de dos a cinco años en Baja California, que promueve el gobernador electo Jaime Bonilla, López Obrador dijo que hay que esperar a que se publique la ley aprobada por el Congreso local, para que el caso sea resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Calificó como “chicanadas” que el Congreso no haya publicado la norma bajo el pretexto de que no encuentran la ley. Sin embargo, el mandatario dijo que los diputados locales se pueden retractar de lo que aprobaron no publicando la ley. Indicó que la Presidencia de la República no interpondrá una acción de inconstitucionalidad, con el argumento de que no le corresponde a su gobierno.

Acerca del aumento de casos de dengue en estados como Jalisco, Veracruz y Oaxaca, López Obrador dijo que no es algo incontrolable o que generen alarma. Aseveró que pedirá al secretario de Salud, Jorge Alcocer, que dé seguimiento a este tema.

Acerca del posible retiro de Carlos Romero Deschamps, secretario general del sindicato de Pemex, el Presidente dijo que hay denuncias en curso en su contra ante la Fiscalía General de la República. Dijo que él deberá valorar si renuncia al cargo para hacer frente a esas denuncias. Sostuvo que su gobierno no quitará a ningún dirigente sindical para poner a otro. “Si el quiere dejar el cargo para enfermar su asunto, como lo hizo el ministro (Eduardo) Medina Mora, igual hay denuncias, ellos ven en la Fiscalía si van a resultar culpables, si se van a consignar esas denuncias al juez; yo pienso que el que tiene una denuncia de este tipo y al mismo tiempo está a cargo de un sindicato, lo mejor es no involucrar a las instituciones, que se asuma de manera personal y se resuelva, y nosotros no estemos imponiendo a quien va a quedar”, dijo López Obrador.

El secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, afirmó que en el marco del problema de violencia que se vive en el país, ahora están involucradas las autoridades de los tres niveles de gobierno, y ya no se echan la bolita sobre sus responsabilidades. Indicó que ahora el tema del combate a la inseguridad es una responsabilidad de Estado. Destacó que la Guardia Nacional no tiene la exclusividad de resolver el problema, sino que se requiere también de la depuración y fortalecimiento de las policías estatales y municipales. “No vamos a caer en la tentación de que la fuerza lo resuelve todo. Es el último recurso. (...) Vamos a pacificar al país sin uso de la fuerza, sin represión, lo vamos a lograr”, sostuvo. Expresó que el compromiso del gobierno es lograr en lo inmediato un “punto de inflexión” en el incremento de la inseguridad, reducir los niveles en tres años y consolidar la seguridad al final de los seis años.

 

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lamentó el asesinato de 14 policías estatales en Aguililla, Michoacán, y destacó que hechos como ese ocurren muy seguido en todo el territorio nacional; señaló que no quiso decir que la violencia está normalizada en el país. El secretario Alfonso Durazo reveló que el municipio de Aguililla no ha firmado el convenio para permitir el ingreso de las fuerzas federales a esa región. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, indicó que la Sedena desplegó a 80 elementos, así como un helicóptero en la zona, para ubicar a las personas que emboscaron a los elementos policíacos. Mencionó que el mando responsable de la seguridad en la zona se ubica en Apatzingán.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el presupuesto de seguridad para el 2020 será mayor porque ya están 70,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados y 10,000 más están en capacitación y a punto de entrar a la corporación.

El secretario Alfonso Durazo reconoció que en Sonora también se ha recrudecido la violencia debido a disputas de grupos del crimen organizado. Recordó que el gobierno federal ya tomó el control de las policías municipales en Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Empalme y Navojoa, porque estaban infiltradas por la delincuencia organizada.