El Congreso de la Unión habrá incumplido su obligación, derivada de las reformas constitucionales y legales del 2007 y el 2008 en materia electoral, de blindar los comicios federales del 2012 cuando se elegirá al próximo Presidente de la República, 500 diputados federales y 128 senadores, entre otros cargos, si a más tardar el próximo jueves no actualiza el catálogo de delitos electorales y enmienda el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La Constitución establece con claridad que las leyes electorales pueden modificarse hasta 90 días antes del arranque formal del proceso, lo que sucederá el próximo 7 de octubre, de acuerdo con el Instituto Federal Electoral.

En la Cámara de Diputados existe un cúmulo de iniciativas promovidas por legisladores de todos los partidos políticos, que se analizan en comisiones, para reformar el marco legal en materia electoral, pero a la fecha no se han logrado concretar los acuerdos necesarios para su dictaminación.

Durante la última sesión del pasado periodo ordinario, que concluyó en abril, quedó pendiente de discusión y eventual aprobación de un paquete de reformas al Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en materia de delitos electorales.

La sola existencia de dicho decreto echa por la borda el argumento de los coordinadores de los grupos parlamentarios en el sentido de que no existe materia para convocar a un periodo extraordinario de sesiones con el fin de desahogar los pendientes legislativos.

RECURSOS ILÍCITOS EN ELECCIÓN

Entre los cambios urgentes, de acuerdo con los propios legisladores, destaca evitar la eventual filtración de recursos provenientes del crimen organizado en los procesos comiciales.

Además, están pendientes las reformas en materia penal electoral. Los últimos cambios al respecto se hicieron en 1996.

Desde la perspectiva de los legisladores, se requiere blindar los procesos electorales e inhibir y sancionar las conductas antisociales en el ámbito de los delitos electorales para evitar que conductas denunciadas queden impunes al no estar contempladas en el catálogo de delitos electorales. En su opinión, los cambios son necesarios para prevenir la comisión de delitos que tanto han dañado los últimos procesos electorales.

Está pendiente también la reglamentación del derecho de réplica y propaganda gubernamental, así como las reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

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