Organizaciones sociales alertaron sobre un aumento en los casos de tortura vinculados con la lucha contra el narcotráfico y con prácticas regulares del Estado como el arraigo y las detenciones arbitrarias; sin embargo, las cifras oficiales son maquilladas por que las víctimas no denuncian o bien, las mismas autoridades reclasifican el delito como lesiones o abuso de autoridad.

Representantes de la Red "Todos los Derechos para Todas y Todos" se refirieron al Informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU que fue entregado al gobierno de México y donde se establecen una serie de recomendaciones para combatir esta práctica, informó W Radio.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, señaló que luego de intentar mantener el informe en reserva, se dio a conocer el documento donde el Subcomité de la ONU señala, luego de visitar 24 centros de detención del Distrito Federal y los estados de México, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca, que la tortura es una práctica cotidiana.

"El comité visitó el centro de arraigo de la Ciudad de México, había, en esas fechas, 130 personas arraigadas, menos de la capacidad, pero el Subcomité reporta que la mitad de las 130 personas arraigadas presentaban lesiones recientes, pero ninguna de ella había denunciado tortura y por otro lado, los exámenes médicos, en muchos casos, no registraban esas lesiones. O las registraban de una manera tan deficiente que finalmente no tenía una consecuencia".

El informe, agregó, también revela que hay presiones contra el personal para inhibir el registro de casos.

"Varios peritos de medicina forense, le dijeron a los integrantes del Comité que en más de una ocasión recibían órdenes de los ministerios públicos para que modificaran los certificados para que no registraran la tortura o las lesiones, ese es un problema que tenemos".

Por su parte, César Octavio Pérez, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo dijo que en el caso de Jalisco se tienen datos del 2000 a octubre del 2007 donde se hicieron 377 peritajes para determinar probables actos de tortura, 157 a solicitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 220 a petición de los Juzgados penales.

Resultó que "se encontraron 68 casos positivos por tortura; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia no tiene ninguna denuncia".

Coincidieron en que uno de los factores que ha provocado un aumento en el número de casos de tortura es la militarización en zonas rurales y la lucha contra la delincuencia que fomenta que no se respeten los derechos humanos.

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