La impunidad es uno de los factores para la generación de la violencia en México, coincidieron juristas, investigadores y expertos en transparencia y combate a la corrupción durante el primer día del foro Impunidad: Reflexiones Universitarias, realizado en la UNAM.

Atajar el nepotismo que se practica en el Poder Judicial; que los ciudadanos vuelvan a tener confianza en sus instituciones; realizar cambios a las leyes anticorrupción, y fortalecer a las fiscalías locales y la transformación de la Procuraduría General de la República, fueron parte de las propuestas arrojadas durante el conversatorio.

En la inauguración del foro, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar, hizo énfasis en la situación del Poder Judicial y los recientes escándalos de nepotismo en su interior que se han ventilado a la opinión pública.

“Tenemos un Poder Judicial, sobre todo estoy pensando en el federal, me imagino que así estarán los locales, en el que, como dice Julio (Ríos, investigador jurídico), el déficit meritocrático es brutal. En el caso del estado de Durango, en un sólo circuito judicial hay más de 25 familiares.

“La imagen que a mí me venía en la mente es muy sencilla: tu asunto se va a decidir en la comida del domingo, si te peleaste con uno de los familiares estás perdido; te llevas bien con todos o malamente compraste a uno, tu asunto va a salir porque en todo el circuito la familia va a decidir tu asunto judicial”, lamentó.

Salazar añadió que hace falta devolver la confianza a los mexicanos sobre sus instituciones.

“Lo que se va erosionando es el tejido social, lo que se va erosionando es la confianza, lo que se va erosionando es la disposición de las personas a coexistir con los otros de una manera interactiva en el espacio público; al final la impunidad es la expropiación del espacio público por parte de los intereses privados”, dijo.

Por su parte, Federico Reyes Heroles, consejero presidente de la ONG Impunidad Cero, alertó que la impunidad en México puede provocar que la población pueda virar hacia regímenes más autoritarios ya que aún no hay una democracia consolidada.

“Los (mexicanos) satisfechos con la democracia son sólo 18% y los insatisfechos son 82%, hay un enojo social del cual hemos hablado y el cual se expresa en el reconocimientos a los actores sociales, a las instituciones, yo les podría decir que las instituciones que son aprobadas, que reciben palomitas, son las universidades públicas, son los compañeros de trabajo, los hospitales públicos”, dijo.

A su vez, Luis de la Barreda, director del programa universitario de Derechos Humanos, acotó que el combate a la impunidad debe empezar desde las enseñanzas impartidas en la educación básica; “apegarse a la legalidad no sólo por temor al castigo sino porque lo llevamos como una convicción ética”.

Proponen calificar al SNA

En la mesa “Impunidad y corrupción”, el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, señaló la necesidad de implementar mecanismos de reparación del daño a quienes padecen la corrupción.

“Hay víctimas de los casos de corrupción y no los conocemos como tal. Cuando se incompleta, por ejemplo, un sistema de transporte, todos aquellos que dejaron de transportarse o que tuvieron que invertir 20 minutos más (en viajar) son víctimas de la corrupción, entonces tenemos que empezar a discutir la reparación del daño”, afirmó Bohórquez.

En este sentido, el especialista acotó que la manera en que la opinión pública reconocerá los avances en el control del cohecho es través de casos específicos en los cuales se desarticulen las redes de corrupción que imperan, factor que a su vez será una manera de identificar los avances que tendrá el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

En este último rubro, el integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC), José Octavio López Presa, propuso calificar cada seis meses a las instituciones que integran al SNA con el objetivo de mejorar su funcionamiento.

Por su parte y en otro tema, la presidenta del SNA, Mariclaire Acosta, quien participó en la mesa “Impunidad administrativa”, indicó que aún falta construir un sistema transparente de denuncias a servidores públicos.

“Hay todo un sistema implementado por la Secretaría de la Función Pública, pero la verdad es que no hay información al respecto”.