La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó al Estado mexicano fortalecer la estrategia de seguridad pública para combatir el crimen organizado en conjunto con organizaciones internacionales de derechos humanos y eliminar los altos niveles de inseguridad y violencia que afectan principalmente a niñas y mujeres del país.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) dio a conocer las recomendaciones realizadas tras la examinación del noveno informe periódico de México el 6 de julio pasado.

El CEDAW reconoció los esfuerzos de las autoridades por erradicar la violencia con perspectiva de género pero reafirmó las recomendaciones realizadas anteriormente en defensa de los derechos de niñas y mujeres mexicanas.

Entre ellas se encuentran adoptar medidas urgentes para tipificar los homicidios violentos y desapariciones forzosas en contra de mujeres como feminicidios y simplificar activación de la Alerta Amber y Alerta de Género.

De igual manera exigió  acelerar la búsqueda de personas desaparecidas y adoptar políticas específicas para la prevención  de feminicidios, trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual y trabajo forzado. Así como la  implementación de la Alerta de Género extendida a nivel federal, estatal y municipal.

De acuerdo De acuerdo con el documento “Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género” del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y mayo del año en curso se han registrado 315 feminicidios a nivel nacional.

Por otra parte solicitó el apoyo federal para el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), al afirmar que el presupuesto es insuficiente para continuar con su labor a favor de la equidad y defensa de los derechos de las mujeres y promover la participación de organizaciones no gubernamentales en el diseño de políticas públicas de igualdad de género.

Eliminar las barreras institucionales que impiden la participación de la mujer en la política del país, apoyar a las mujeres indígenas o que habiten en zonas vulnerables, para tener acceso a la justicia e informar a las víctimas de violencia de género sobre sus derechos, así como alentar y proteger a victimas para denunciar cualquier agresión, dar seguimiento y sancionar a los responsables.

Finalmente el Comité señaló que las autoridades deberán presentar el próximo informe en julio de 2022,  en el cual deberá presentar las medidas aplicadas para el cumplimiento de las recomendaciones realizadas.

erp