Nuevas reformas al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), garantizar el Estado de derecho así como ganar la confianza de la ciudadanía por parte de las autoridades de todos los niveles de gobierno es parte de la fórmula para atajar al cohecho en México, coincidieron especialistas durante un foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En el pánel Fortalecer el Estado de Derecho y la Integridad Pública, Janos Bertok, jefe de la División de Integridad en el Sector Público de la OCDE, indicó que uno de los principales postulados para que una economía crezca es la disminución de los niveles de corrupción.

En su discurso de introducción para el conversatorio, Bertok relató que los niveles de confianza de los ciudadanos hacia las autoridades y su democracia en Latinoamérica han caído en años recientes a niveles alarmantes, destacando los casos de Argentina, Brasil y México; este último con los peores registros de la región, por lo que es “crucial que se encuentre la forma de llegar a consensos”, dijo.

El especialista abundó sobre los avances que ha significado para el país la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia, al tiempo que destacó la participación de la sociedad civil en su construcción.

mayores facultades

Por su parte, María Amparo Casar, directora de Mexicanos Contra la Corrupción, refirió que los gobernantes en el país se han rehusado a la discusión sobre la reforma para crear un Estado de Derecho eficiente, que se pueda observar en situaciones como el respetar las bases de un licitación pública o el voto ejercido libremente.

“Todo esto pasa en México, pero solamente para unos cuantos, no para la ciudadanía en general. La justicia, que es el motivo también de este pánel, es para unos cuantos, la tranquilidad es para unos cuantos, para quien puede regularmente comprarla o para quien está mejor posicionado para acceder a ella”, enfatizó.

A su vez, Mariclaire Acosta Urquidi, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA dijo que se debe reformar la ley anticorrupción para dar mayores facultades a los órganos ciudadanos que vigilan los sistemas, tanto a nivel nacional como estatal.

“Yo creo que el gran problema que tiene el Comité de Participación Ciudadana tiene que ver con el diseño de la ley, que no le da a los comités de Participación Ciudadana los elementos y los recursos para funcionar adecuadamente, creo que ahí está el problema”, explicó.

Asimismo, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana comentó que es tan importante el nombramiento de las figuras que dirigen las instituciones como el fortalecimiento de las mismas, al ejemplificar los casos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría General de la República (PGR).

En el caso de la PGR, dijo, es necesario primero una reforma a la institución antes que el nombramiento del titular, ya que presenta deficiencias, mientras que en el caso de la UIF y el SAT el nombramiento de su titular dependen, en la actualidad, solamente del presidente de la República, por lo que debe haber una reforma sobre la designación.

Por último, Eduardo Guerrero, director de la consultora Lantia Consultores, especializada en índices de delincuencia, señaló que la Auditoría Superior de la Federación ha suplido en cierta manera las deficiencias en investigación de las instituciones de procuración centralizadas, por lo que llamó a fortalecerla aún más.

PEDIRÁN REFORZAR SISTEMAS

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, indicó, al término de su participación en el foro de la OCDE, que una vez que empiece el periodo oficial de campañas presidenciales tendrá reuniones con los candidatos, en donde se propondrá reforzar a los sistemas anticorrupción.

“Más de una tercera parte de los sistemas locales (anticorrupción) están todavía muy atrasados (en su construcción) y aquí, hay que decirlo con claridad, ha faltado voluntad política en los congresos estatales, en los gobernadores”, expuso Gustavo de Hoyos al término de su participación en el pánel Fortalecer el Estado de Derecho.

El directivo de la organización empresarial enfatizó que esta propuesta se da en el marco del reto lanzado por los colectivos de ONG: Fiscalía que Sirva y Vamos por Más para que los candidatos se comprometan con la reforma a la ley orgánica de la PGR, al tiempo que recordó que el cohecho le cuesta al país entre 8 y 9% del Producto Interno Bruto.

En su participación en el foro, de Hoyos afirmó que desde el punto de vista del sector privado hay dos tipos de corrupción: la pactada entre empresarios y funcionarios y la de extorsión, esta última —dijo— es la que más ha crecido en México.

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