Al mostrar su rechazo a la iniciativa que pretende modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, decenas de organizaciones sociales pidieron al Senado hacer pública la justificación de la emisión de una nueva ley, además de exigir un sólido diagnóstico que justifique los cambios.

Organizaciones como México Unido contra la Delincuencia; la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM); México Evalúa, entre otros, lamentaron que la iniciativa presentada por el senador de Morena, Ricardo Monreal, que busca sustituir a la actual Ley Orgánica de la FGR y modificar otros ordenamientos, sólo sea discutida con actores gubernamentales.

Consideran que la iniciativa generaría retrocesos en materia de procuración de justicia, derechos humanos y derechos de las víctimas, y afectaría el principio de progresividad de derechos.

Las organizaciones sociales reconocieron que la ley vigente de la FGR establece que, transcurrido un año a partir del nombramiento del fiscal, se hará una revisión del marco constitucional y legal del órgano autónomo.

Sin embargo, destacaron que también se estipula que deberá hacerse por medio de una convocatoria pública, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, la academia, instituciones públicas y representantes del sector privado.

De seguir la intención de sustituir a la actual ley, las ONG’s exhortaron a que el proceso se haga bajo un modelo auténtico de parlamento abierto y previo diagnóstico, realizado por la FGR, sobre dónde se desprende la supuesta necesidad de reformar la actual Ley Orgánica de la Fiscalía.

En tanto, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, expuso que de aprobarse por el Senado, en los términos originales esta ley, habrá un impacto negativo en la agenda presidencial. Asimismo, coincidió en que se debata mediante la modalidad de parlamento abierto.

Desde la perspectiva del subsecretario de Derechos Humanos, según la carta que dirigió a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta y proponente de la iniciativa para expedir la referida ley, es preocupante que se insista en que la FGR pase de ser miembro o integrante, a “invitado” obligatorio de los diferentes sistemas en materia de derechos humanos de los que forma parte.

“A nuestro juicio, de concretarse en los términos actuales del proyecto de dictamen, esta reforma tendrá un impacto negativo en el proceso de construcción de las nuevas instituciones”, cita la carta.

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