El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) seguirá su marcha sin importar la figura política que llegue a Los Pinos en diciembre próximo, no duda en afirmar la presidenta del Comité Coordinador del órgano anticorrupción nacional, Mariclaire Acosta.

Las razones de esa aseveración, arguye la también presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, es, en primer lugar, el reclamo “honesto” de la ciudadanía que a través de la sociedad civil organizada influyó en la construcción del SNA, además de la base legal con la que cuenta y a la cual considera como “sólida y constitucional”, lo que asegura que cualquier intento de echar abajo lo que se ha construido hasta ahora no sea una tarea fácil.

“Esto no es así, como que lo deshacemos y empezamos de nuevo, y creo que también es la tarea que nos toca como Comité (de Participación Ciudadana): afianzarlo y asegurar de que no exista la tentación de decir, ‘ah, bueno, borrón y cuenta nueva’, porque no es posible, hay ya 20 Sistemas Locales Anticorrupción que están empezando a funcionar; nos tocó la mala suerte de que tenemos un año electoral muy complicado, pero también es una oportunidad”, considera.

Sobre si los integrantes del Comité de Participación Ciudadana se han reunido o han tenido algún acercamiento con cualquier candidato a la presidencia de la República, Acosta Urquidi precisa, casi por inercia, que “no hacen política partidaria”, toma aire y lo reafirma: “No hacemos política partidaria, nosotros estamos construyendo el Sistema Nacional Anticorrupción”.

Y es que el abatimiento de los altos niveles de cohecho, señala con énfasis, es un tema que debe ser atendido desde la ciudadanía hacia el gobierno; no obstante, refiere que “no sucederá de un día para el otro”, ya que es un problema “sistémico y endémico”.

“Yo lo primero que le diría a la población es que tenemos que trabajar todos al unísono para acabar con la corrupción (...) Combatir a la corrupción depende de dos cosas: primero, de un régimen que tenga contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas y, dos, de transparencia y en México hemos dado muchos avances en materia de transparencia, pero no así en mecanismos eficaces de rendición de cuentas”, expone.

Ante este panorama, añade la defensora de derechos humanos, un punto central es la impunidad, que se nutre de un débil Estado de Derecho; “ese debate no se ha dado todavía”.

Muestra de esta situación, comenta, son los rankings publicados por organizaciones civiles internacionales como la World Justice Project, en donde México aparece en los últimos lugares.

En esta línea, en el estudio de la organización 2017-2018, México aparece en el lugar 92 de 113 naciones medidas en materia de Estado de Derecho, por debajo de Uzbekistán y arriba de Sierra Leona.

“Yo le diría a la ciudadanía que tenemos que construir un estado de derecho, uno donde la ley sea igual para todos y donde todos seamos realmente iguales ante la ley, en donde la ley sea lo que norma nuestras relaciones en la esfera pública”, precisa en entrevista con esta casa editorial.

Un paso obligado en la construcción de un nuevo estado de derecho en el país, relata Acosta Urquidi, pasa por vigilar cómo y con qué motivos son nombrados aquellos que dirigen las instituciones públicas, además de analizar la discrecionalidad que mantienen las leyes vigentes, ya que es uno de los principales factores que obstruyen la concreción de un estado de derecho y vigilar que las instituciones cumplan su mandato constitucional.

 

— ¿Qué tan difícil es esto en un año de tantas elecciones como el 2018?

—Muy complicado, pero tenemos que hacerlo, tenemos que involucrar a la ciudadanía en esto.

—En esta ausencia de estado de derecho en México, ¿dónde queda el Nuevo Sistema de Justicia Penal?

—Bueno, en lo penal. La reforma fue muy importante, fue un paso adelante, pero falta mucho y creo que hay críticas muy certeras sobre en dónde ha fallado; se habilitó a los jueces y eso es muy importante, pero dónde quedó la policía, ¿se le dieron capacidades de investigación a las policías, reales y efectivas?, ¿se le dieron capacidades de investigación reales a los Ministerios Públicos, se trabajó con las procuradurías? No, eso fue a última hora y por encima, entonces, es un proceso que va a ser largo, perfectible (...) otro tema del que no se habla y que tiene un peso enorme en la vigencia o no de un Estado democrático de derecho es el tema de las prisiones, una buena parte de la corrupción está en las prisiones, una buena parte de la delincuencia opera desde las prisiones, es además un hecho conocido.

 

— ¿Estos cambios dependen de voluntad política? Su antecesora, Jacqueline Peschard, ha dicho que hay un problema grande de coordinación entre las instituciones que integran al Sistema Nacional Anticorrupción, ¿cómo lo ve usted?

— Yo creo que la voluntad política se construye, yo vengo ya de muchos años trabajando estos temas y temas afines como los derechos humanos, los derechos políticos; si tenemos ahora un sistema electoral que garantiza elecciones competitivas, pues esto fue porque se construyó la voluntad política para que así fuera y se involucró a la ciudadanía y se movilizó a la gente.

 

Sobre casos específicos, como Odebrecht, la Procuraduría General de la República había anunciado que estaba lista la investigación, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción generó un exhorto sobre el tema, ¿qué nueva información tienen sobre ello?

Tenemos ya una respuesta de la Procuraduría General de la República, la vamos a analizar y la vamos a dar a conocer.

—¿Podría adelantar algo?

—No puedo todavía, porque hemos apenas recibido los oficios y los vamos a discutir, pero Odebrecht es un caso, hay muchos otros.

—¿No hay peligro de que el SNA pierda credibilidad ante la ciudadanía por los casos y por los nombramientos faltantes?

—Yo creo que tenemos que cambiar el paradigma, porque otra vez estamos en el paradigma de yo ciudadano miro desde lejos lo que se está haciendo y paso juicio y yo creo que el paradigma tiene que ser: yo como ciudadano qué voy a hacer para que eso no suceda, porque yo sí creo que hay mucha gente interesada en que el Sistema o que se transmita que el Sistema no funciona.

—¿Quiénes serían sus principales detractores?

—No voy a dar nombres, ¿quién no estaría interesado en combatir la corrupción?, yo creo que quienes tienen cola que les pisen.

Mariclaire Acosta Urquidi

  •  Es licenciada en Sociología por la UNAM.
  • Es maestra en Política y Gobierno en América Latina por la Universidad de Essex, Inglaterra.

 

Se ha desempeñado como:

  • Directora de la oficina en México de Freedom House.
  • Afiliada de la División de Estudios Internacionales del CIDE.
  • Directora para las Américas del Centro Internacional para la Justicia Transicional.
  • Fundadora de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, AC.
  • Fundadora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC.

hector.molina@eleconomista.mx