En la segunda generación de reformas en materia de acceso a la información pública, el Senado de la República debe garantizar que no existan más regímenes de excepción en partidos, sindicatos, organizaciones civiles, gobiernos, personas o empresas que reciban recursos públicos, demandó Eduardo Bohórquez López, presidente de Transparencia Mexicana.

Entrevistado por El Economista, afirmó que en la discusión de las iniciativas del presidente electo, Enrique Peña Nieto, el PAN y el PRD, los senadores deben crear una ley de carácter general de transparencia similar al que recientemente aprobó Brasil, en la cual los sujetos obligados son todos los entes que reciben recursos públicos, sin ningún tipo de excepción como prevalece en sectores considerados opacos.

Destaca que la reserva de la información sólo debe darse en casos de afectación al patrimonio o seguridad nacional, o a la imagen de empresas o personas. De otro modo, la información debe ser total para los ciudadanos.

Respecto del posible riesgo de que los nombramientos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) no tengan la independencia necesaria del poder al ser nombrados por el Ejecutivo federal, como lo propone Peña Nieto, Eduardo Bohórquez López, presidente de Transparencia Mexicana, consideró que ya sea el Ejecutivo o el Senado el que realice esa tarea, deben existir responsables jurídicos de su decisión.

Es decir, que ante la ciudadanía el Senado tendría que determinar quiénes serán los responsables de realizar el escrutinio o nombramiento de consejeros, para que sobre ellos recaiga la responsabilidad social.

No hay un principio de responsabilidad para quien designa y ésa es la parte que hay que revisar. Cómo asignar responsabilidad política y jurídica a quien toma la responsabilidad de elegir a un miembro de un órgano colegiado. No hay solución perfecta, en el mundo no existen, lo que sí es que se tiene que garantizar la responsabilidad jurídica de quien toma la designación .

Un principio de responsabilidad política es que las personas que participan en una decisión, que sea parte de su récord político y público y que sea muy evidente quién participa y cómo, y no difuminar la responsabilidad diciendo que el Senado o la Cámara de Diputados, sino la comisión, tienen nombres, esos individuos deberían de tener un récord público sobre las decisiones que toman. Igual en el Ejecutivo, a quién nombró y con qué método lo hizo .

¿Qué oportunidades hay en la nueva discusión de las iniciativas de transparencia?

Es una oportunidad para actualizar el tema de datos personales en todo el país, incorporar el tema de archivos e inaugurar una segunda generación de reformas en materia de acceso a la información pública.

Abre una oportunidad enorme, porque al hacer sujetos obligados a otros poderes y garantizar que sea homogéneo estamos aprendiendo del ejemplo reciente de Brasil, que tardó en sacar su ley de información pública, pero cuando la sacó la hizo general y para todos los actores, incluidos partidos y otros.

Como en todo cambio existen riesgos ¿dónde los observa?

Dejar fuera, por ejemplo, los recursos públicos que se transfieren a sindicatos, que nuevamente se creen excepciones que no estén basadas en prueba de daño, en las consecuencias que pueda haber de publicar información. Yo creo que la parte más delicada de estos instrumentos y la más riesgosa es que haya un régimen de excepciones. En la medida en que todos seamos igualmente responsables ante la ley, es más difícil que algunos se escuden en particularidades. Yo creo que ése es el riesgo, que haya quien reciba fondos públicos y que crea que no es elegible para informar y rendir cuentas.

Excepciones no debe de haber. Debe haber un sistema como lo hay de clasificación de la información acorde con el riesgo, patrimonio y la seguridad nacional; es un sistema de clasificación, no de excepciones a la ley de transparencia, es cómo se clasifica la información para hacerla llegar al público. En la medida en la que entren los sujetos habrá excepciones y habrá algún actor social, llámese una asociación civil, sindicato que reciba fondos públicos y que no esté dispuesto a que se transparente su gestión, ahí empiezan los riesgos en este tema porque empezamos a crear instituciones con dos regímenes jurídicos.  

Para Eduardo Bohórquez, la discusión de las iniciativas del PRI, PAN y PRD en el Senado debe concluir con un escenario ideal: Que sea un derecho (la transparencia) para todos los mexicanos en todas las partes del territorio nacional. No que dependiendo de la entidad, haya unos sujetos obligados y otros no .

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