Las fronteras internacionales implican un beneficio, pero también un riesgo, y en el caso de la frontera con Estados Unidos, los peligros están en el tráfico de armas y drogas y otros fenómenos que ahí ocurren, ante lo cual el gobierno federal debería apostar por la transformación de las políticas públicas en materia de gestión fronteriza, planteó Luis Huacuja.

En entrevista, el especialista en seguridad fronteriza y catedrático de la Universidad La Salle, recordó que tan sólo en el 2013 entraron al país por esa línea divisoria más de 200,000 armas a México y es por todos sabido las consecuencias que ha traído el tráfico de drogas.

Dijo que ante decisiones del presidente Donald Trump hacia México como la construcción (ampliación) del muro fronterizo, “necesitamos una política exterior mucho más digna, que privilegia el interés nacional, más allá de la simpatía nacional”.

Mencionó que, de cara a la relación México-Estados Unidos, son muchas las amenazas a la seguridad nacional las cuales implican retos que plantean dos opciones: o se previene el riesgo, que es calculable, o el desastre.

El problema es que hay casos, como lo que ocurre en Tamaulipas, donde hay un descontrol de lo que está ocurriendo, además de que hay un discurso del presidente Trump que dice que los culpables de lo que pasa en la frontera en términos de seguridad son los mexicanos, porque son quienes les mandan droga a los estadounidenses.

Sin embargo, ante argumentos como ese se pueden esperar respuestas como: “Sí se envían las drogas de aquí para allá, pero ellos las consumen”. Lo mismo ocurriría en el caso de tráfico de drogas, en donde se podría decir: “El problema es que Estados Unidos nos envía armas”, pero ellos podrían argumentar: “Pero ellos las compran y las utilizan en México”.

Ante discusiones como esa, afirmó, es necesario tomar con mayor seriedad y determinación la política de defensa del interés nacional, que al final es en beneficio mutuo.

Tendríamos que tener mucho más claridad para diseñar políticas públicas que permitan lograr la cooperación en ambos lados de la frontera que comience por compartir información.

En ese sentido destacó que se trata de un tema integral y, por lo tanto, son varias las políticas públicas que tienen que desplegarse a ambos lados de la frontera para generar condiciones de seguridad y que se reflejan en una mejor gestión fronteriza.

En ese sentido, expuso que si bien la política de seguridad básicamente es una política interna, también es necesario una política exterior eficiente para generar una serie de acuerdos o mecanismos internacionales que permitan tener sistemas de inteligencia y colaboración de manera eficiente. Eso incluiría transformar las estructuras administrativas, judiciales y aduanal.

Eso implica tener políticas públicas eficientes y no con ocurrencias, no con acuerdos opacos, sino que impliquen realmente políticas públicas que involucren a diferentes actores sociales en ambos lados, como el Congreso y organizaciones de la sociedad civil.

Mencionó que en Estados Unidos tienen muy claro que una de las maneras de controlar a un personaje como el presidente Trump es a través de los contrapesos, ya sea institucionales o de la sociedad civil.

El académico preguntó qué está haciendo nuestro Congreso y qué tan vigilante y exigente está siendo la sociedad mexicana para generar una mejor gestión fronteriza.

Reiteró que el Estado es mucho más que su presidente y gobierno en turno y que si hay un replanteamiento en las políticas de gestión fronteriza, eso nos daría como país más credibilidad y, consecuentemente, tendríamos una mejor posición para negociar, pero para lograr eso se necesitan diagnósticos claros de las problemáticas a las que nos enfrentamos. Por eso, dijo, “lo primero es romper los moldes actuales, que ya está claro que no funcionan”.

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