Los procedimientos de contrataciones en la Administración Pública Federal en los que participan testigos sociales, es decir, personas y organizaciones civiles especializadas en el tema que vigilan que todo se lleve de manera correcta y en concordancia con las estipulaciones legales, son aún acotados.

Entre octubre del 2016 y hasta este mes de julio, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia encargada de llevar el padrón de los testigos sociales en el país y las estadísticas de contrataciones públicas, fueron 144 los procedimientos de contratación, los cuales fueron vigilados por la figura de testigo social.

Y es que según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en su artículo 26 tercero, “en las licitaciones públicas cuyo monto rebase el equivalente a 5 millones de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales”.

Sin embargo, de acuerdo con el sistema Compranet, que contiene la información sobre las contrataciones realizadas por la Administración Pública Federal, en el mismo periodo y con los criterios establecidos en la ley y por la SFP para la utilización de testigos sociales, al menos 12,312 procedimientos de contrataciones a través de licitaciones públicas cumplían con los requisitos para ser vigilados por la figura de testigo social.

Estas licitaciones y procedimientos de contratación incluyeron a más de 294,112 millones de pesos de recursos públicos de las dependencias y organismos de la administración federal.

Es decir, y con relación a las cifras dadas por la SFP, los testigos sociales participaron en 1.16% del total de los procedimientos de contratación que pudieron ser factibles de vigilancia por parte de los testigos sociales.

Como ejemplo están los 1,049 procedimientos de contratación realizados en el periodo citado por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, que entran dentro de las estipulaciones para ser sujetos al escrutinio de testigos sociales y que ascendieron a más de 15,000 millones de pesos.

Los testigos y su función

De acuerdo con un comunicado emitido por la SFP, los testigos sociales se asignan después de que el Órgano Interno de Control —instancia encargada de prevenir riesgos en las dependencias y órganos federales y que dependen jerárquicamente de Función Pública, pero financieramente en la institución en la que se desempeña— realiza un análisis mensual sobre las contrataciones que se realizarán.

Este informe precisa cuáles procedimientos de contratación rebasan los montos estipulados en las leyes de Obra Pública y Adquisiciones a nivel federal que ameritan que se le asigne un testigo social.

Asimismo, de acuerdo con la dependencia federal en la actualidad el padrón de testigos está conformado por un total de 37 personas físicas y siete personas morales.

“De las personas físicas, 10 tienen especialidad en adquisiciones, 12 en obras públicas y 15 en los dos ámbitos; las personas morales son especialistas en adquisiciones y en obras”, señaló la dependencia en la nota de prensa.

La designación de los testigos sociales se realiza mediante una convocatoria pública que realiza la SFP a través del Diario Oficial de la Federación.

La ley estipula también que los testigos realizarán un informe sobre la contratación que está por realizar la dependencia o institución pública federal, mismo que deberá ser publicado en la página de Internet de la dependencia durante los 10 días naturales después de que se entregó el informe.

“En caso de que el testigo social detecte irregularidades en los procedimientos de contratación, deberá remitir su testimonio al área de quejas del Órgano Interno de Control de la dependencia”.

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