Ayotzinapa rompió el mito de que México era un país que dejaba atrás la crisis de inseguridad y de violación a los derechos humanos. El PRI, como partido gobernante, ha perdido legitimidad y el vuelo democrático que tenía el gobierno de Enrique Peña Nieto se acabó, dijo Perseo Quiroz Rendón, director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.

El lunes 26 de enero se cumplen 123 días de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, quienes fueron atacados por policías municipales y entregados a bandas delictivas. El caso ha generado una gran conmoción política y social en México, que involucra a los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) y al Ejército, por su supuesta omisión para impedir la tragedia.

Con este motivo, se entrevistó a Perseo Quiroz, de la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional México.

¿Cuáles son las afectaciones políticas y sociales de que en cuatro meses no se consigan indicios del paradero de los normalistas?

El tema es grave mucho más en un sentido social que en un tema político. El tema lo que demuestra es que tenemos un sistema de procuración de justicia de investigación que no es capaz de determinar el paradero de manera certera de personas desaparecidas y que este no es un tema que solamente hayamos observado y documentado en el caso de los normalistas, sino hay miles de casos de personas desaparecidas en donde el sistema de procuración de justicia en México no ha podido determinar el paradero de muchas de estas personas.

La sociedad ha tomado una postura activa en este hecho. ¿A qué se le puede atribuir esta participación social?

La participación social que ha habido en el tema de Ayotzinapa se debe a la acumulación de mucha indignación que ha sido producto de la impunidad durante muchos años, que ha sido producto de la falta de acceso a la justicia, la falta de reparación del año, la falta de verdad, con respecto a temas de violaciones de Derechos Humanos.

También es cierto que en últimos meses, esta movilización social ha decaído un poco y creo que ha decaído porque es normal que pasen los movimientos sociales pero también porque hemos visto una serie de declaraciones tanto de funcionarios públicos como de individuos particulares como tratando de ya cerrar este ciclo y forzando a que este tema ya se acabe y se quede un poco al margen de la opinión pública nacional.

¿México está viviendo una crisis?

Sí. Estamos viviendo una crisis en materia de Derechos Humanos, profunda, que viene de varios años atrás. Que esta crisis se manifiesta de diversas maneras, una de ellas es a través de las miles de personas que están desaparecidas en el país. Varios de estos casos son producto de una desaparición forzada, lo que implica que ha habido la participación con la aquiescencia de agentes estatales.

México comparece ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU el 2 de febrero y será interesante lo que el Comité le recomiende y lo que el Estado tenga que decir.

También se manifiesta esta crisis a través de miles de personas que son torturadas o de los miles de casos de tortura que se han documentado. De las relaciones a derechos sexuales y reproductivos de mujeres, de niños. A las violaciones de personas migrantes. Entonces tenemos distintas sintomatologías de este problema que no ha querido ser reconocido por el gobierno federal hasta este momento.

¿Cómo califica la actuación del Gobierno federal?

Deficiente en materia de Derechos Humanos y, específicamente, en caso de la desaparición de los normalistas vemos que no hay una política pública verdadera que haga frente a estos temas. Más bien, vemos una política reactiva. Vemos una política encaminada a dar por concluidos o a querer cerrar estos temas sin que se haya dado un proceso de verdad, justicia y reparación sobre estos temas.

Nos parece que hay unos altos índices de impunidad, cerca del 98%, particularmente en temas de Derechos Humanos y esto es deficiente y afecta, particularmente, la vida de los ciudadanos de a pie.

¿Qué implicación tiene que se abran a la sociedad civil los cuarteles militares? ¿Se vulnera a una institución de la seguridad del país?

El tema de los cuarteles militares es un tema controvertido, evidentemente. No sé si la solución sea abrir los cuarteles pero sí, sin duda, abrir líneas de investigación respecto al tema del posible involucramiento, ya sea por acciones o por omisión, de las fuerzas militares del 27 batallón respecto a este tema.

Entendemos muy bien algunas de las oposiciones de que se abran los cuarteles. También sabemos que transparentar lo que hay dentro del Ejército, lejos de perjudicar al Ejército, lo beneficia porque es una institución que durante los últimos años ha estado sujeta de muchas críticas y este ejercicio de transparencia y escrutinio público no vendría mal y, al contrario, si en verdad el Ejército no tuvo como ningún involucramiento en este tema deslindaría responsabilidades y empezaría a mejorar la imagen pública del propio Ejército.

Si pudiera tomar tres acciones para resolver esto lo más pronto posible, ¿cuáles serían?

Lo primero que se tiene que hacer es abrir más líneas de investigación que la que ya se tiene.

Lo segundo que se tendría que hacer sería justamente explorar las vinculaciones y deslindar todas las posibles responsabilidades que pueda tener tanto las autoridades del gobierno de Guerrero, que en su momento estuvieron involucradas en las investigaciones como las otras alegaciones que ha habido de participación del Ejército en estos temas y es importante hacer esto de cubrir y brindar una investigación que deje satisfechos a los padres y a la sociedad en general.

Hasta el momento el tema ha sido que si nosotros buscamos verdad y justicia, todavía no ha habido y esos es uno aspectos fundamentales para poder resolver un caso como este.

¿El PRD se ha visto afectado por el vínculo de José Luis Abarca y el tema de los normalistas desaparecidos?

Esto es un caso que nos ha demostrado que el sistema que tenemos es un sistema que requiere de una profunda vigilancia, no solamente en el tema del PRD sino que todas las autoridades se han visto involucradas en este caso, han mostrado las falencias del Estado mexicano en su conjunto. No es un tema de un solo partido político.

Las afectaciones políticas que esto pudiera tener para el PRD supongo que se verán y se podrán constatar en las próximas elecciones pero más allá del PRD, es un tema que mostró las falencias del Estado mexicano en su conjunto.

¿Y para el PRI?

Sí. Como partido gobernante ha perdido legitimidad. El vuelo democrático que tenía el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ya se ha acabado y creo que se ha roto el mito de que México era un país que ya estaba saliendo de crisis de seguridad y de Derechos Humanos. Este tema muestra que está muy presente y que la imagen publicitaria o la buena campaña publicitaria que había tenido el gobierno de la República, o de Comunicación Social, tenía límites y este caso demostró cuáles eran los límites de la estrategia de Comunicación Social.

¿El caso se reflejará en las próximas elecciones?

Yo esperaría que sí porque como lo hemos dicho en varias ocasiones el tema de los Derechos Humanos no ha tenido un peso político en México. El tema de los Derechos Humanos no ha sido un factor que determine el voto de los ciudadanos y en este sentido sería interesante y sería importante que empezaran a tener un peso político importante las acciones y falencias en Derechos Humanos por parte del Estado.

¿Cuál debe ser el papel de la CNDH?

La CNDH debe tener un papel fundamental. Tiene que tener un papel en donde haga que produzca un informe y una investigación certera al respecto. Creo que las investigaciones que había estado promoviendo la CNDH y las recomendaciones habían sido muy cortas o se había visto muy flojas y muy lacas en muchos sentidos, es tiempo que dé una investigación que cubra realmente el tema y que dé una recomendación fuerte hacia el Estado mexicano en este sentido.

¿Qué representa para historia el caso Ayotzinapa?

Pudiera y ojalá represente un parteaguas en el peso que tienen los Derechos Humanos en el país. En la manera en que las autoridades toman las políticas públicas en materias de Derechos Humanos y en la manera en que los ciudadanos se apropian de estos temas.