La agrupación Taxistas Organizados de la Ciudad de México señaló que requieren de certeza jurídica en su fuente de trabajo e ingresos, por lo que solicitaron una audiencia a la titular de la Secretaría de Gobierno, Patricia Mercado.

Uno de los voceros de la agrupación, Ignacio Rodríguez, mencionó que las empresas Uber y Cabify incumplen con los propios ordenamientos que el gobierno capitalino les diseñó para operar, sin que alguna autoridad lo impida.

Por ello, advirtió, bajo la figura del Promotor Voluntario, prevista en el nuevo Reglamento de Tránsito, que entrará en vigor en diciembre próximo, detendrán vehículos que prestan el servicio de transporte de pasajeros en forma ilegal.

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Quienes trabajan para Uber y Cabify no cumplen con los resolutivos que presuntamente les fueron dictados en el supuesto acuerdo. Estas empresas continúan actuando de manera impune aun en contra del acuerdo que les dio la supuesta legalidad , indicó.

Por su parte, Daniel Medina, también vocero de Taxistas Organizados, puntualizó que son 140,000 concesiones afectadas, de las cuales dependen alrededor de 200,000 familias, por lo que piden certeza jurídica.

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Comentó que Uber y Cabify dan servicio con autos de un valor inferior a los 200,000 pesos, el cual es límite inferior marcado en el acuerdo por el que se creó el registro de personas morales que operen y/o administren aplicaciones y plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles.

Explicó que debido a dicha permisividad, una de las empresas anunció que dejará de dar el servicio mediante aplicaciones y se dedicará a la gama más baja que compite directamente con los taxistas, cuando la autoridad local había anunciado que se permitiría este servicio porque iba dirigido a un sector social de altos ingresos.

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