La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Hidalgo que, entre otras cuestiones, validó el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral en dicho estado mediante el cual aprobó el registro de la coalición "Hidalgo Nos Une" (PAN, PRD, PT, Convergencia), para contender en la elección de gobernador en ese estado.

Así lo determinaron los magistrados al declarar, por cinco votos contra dos, infundadas las quejas del perredista Napoleón González Pérez, quien argumentó que el PRD no acató el procedimiento estatutario para la aprobación de las alianzas.

En la discusión del caso, los jueces electorales reconocieron que dicha fuerza política no respetó al pie de la letra- el procedimiento para la aprobación de la coalición; sin embargo, por mayoría de votos, decidieron que el máximo órgano del partido, es decir, el Consejo Político Nacional la aprobó por unanimidad.

Los magistrados Flavio Galván y María del Carmen Alanis, presidenta del Tribunal, especificaron que el artículo 49 del estatuto del sol azteca establece que el Consejo Estatal respectivo debe enviar el acuerdo de coalición a la Comisión Política Nacional para su revisión, y esta instancia someterlo a la aprobación del Consejo Nacional del PRD; como no sucedió así, se manifestaron en contra del proyecto.

Galván agregó que alterar el orden de los factores estatutarios es violentar la normatividad y seguridad jurídica del propio partido.

Alanís Figueroa enfatizó que no se siguió el proceso deliberativo que el PRD impuso en sus estatutos, y añadió que en su concepto es fundamental el acatamiento de las normas del propio instituto.

Por su parte, los magistrados Manuel González, José Alejandro Luna, Salvador Nava y Pedro Esteban Penagos, apoyaron el proyecto de resolución propuesto por el magistrado Constancio Carrasco quien, al razonar su voto, enfatizó que en el acuerdo de colación se manifestó la voluntad del PRD de coaligarse con otros partidos para los comicios de ese estado.

González Oropeza destacó la inconveniencia de hacer prevalecer intereses particulares de un solo militante sobre los colectivos de más de 300 integrantes del Consejo Nacional perredista. Penagos López acotó que ponderaron la trascendencia de la inobservancia de la norma partidista, misma que no modificó la determinación del órgano directivo nacional.

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