La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora,  hizo un llamado a los gobernadores para que, en el marco de sus competencias y responsabilidades, garanticen la seguridad, tranquilidad y paz social, necesarios para el adecuado desarrollo de los  procesos electorales.

Durante el acto oficial de fiorma de la Declaración por la Democracia y la Legalidad para el Proceso Electoral 2018”, la magistrada condenó la ola de violencia que se vive en el país; “es inaceptable que en el presente proceso electoral 31 personas vinculadas a éste, hayan perdido la vida”.

Ante ello, sugirió que las autoridades municipales estatales e incluso las federales deben dar con los culpables de estos homicidios “y no porque los asesinados sean políticos, sino  porque si se encuentran formas  alternas, ilegales e inaceptables de decidir quién está y quién no está en la boleta, se altera fundamentalmente la calidad  y el resultado del proceso electoral”, advirtió la magistrada.

“Tenemos que frenar esta ola  de violencia política. Las elecciones democráticas desarrolladas conforme a  los estándares internacionales de integridad electoral, tienen que basarse  única y exclusivamente en la legalidad, el estado de derecho  es el pilar de la democracia y dentro de éste el respeto a la vida y a la seguridad personal, son condiciones indispensables”, demandó la magistrada Otálora.

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) firmaron la “Declaración por la Democracia y la Legalidad para el Proceso Electoral 2018”.

El instrumento consta de seis puntos mediante los cuales, las instituciones involucradas se pronuncian por la garantía de elecciones limpias. A través de ellos manifiestan en primer lugar que,  garantizar condiciones de equidad en la contienda electoral y el adecuado desarrollo de los procesos electorales constituye obligaciones fundamentales de toda autoridad del Estado en sus tres órdenes de gobierno.

Asimismo se comprometieron a que la jornada electoral del 1 de julio se realice en un marco de seguridad, justicia, equidad y legalidad, en las 32 entidades federativas del país.

“Que, como autoridades del Estado Mexicano, los gobiernos estatales coadyuvaremos con pleno respeto a su autonomía, a fin de que las autoridades electorales cumplan con sus atribuciones y de que la ciudadanía ejerza sus derechos político-electorales y emita su sufragio en libertad”, se aprecia en el documento signado.

A través del instrumento convocaron a los aspirantes a un cargo de elección popular a conducirse con apego a los principios que rigen en el proceso electoral, así como a la ética cívica y coadyuven para que este se desarrolle en condiciones de equidad y civilidad.

“Hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que sean enérgicas y vigilantes de la procedencia, ejercicio y límites de los recursos y aportaciones para las campañas y, en su caso, se impongan las sanciones pertinentes a quienes violen la ley en materia electoral”, se manifiesta en la declaración.

ana.langner@eleconomista.mx