El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es sujeto de la ley de transparencia, y si bien las reuniones de sus integrantes pueden ser consideradas como información reservada, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) puede ordenar que difunda las grabaciones de las reuniones privadas.

Así lo determinaron por mayoría de votos los Ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al validar la resolución dictada el 1 de noviembre de 2017 por el pleno del Inai en un recurso de revisión, en la cual ordenó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) realizar una prueba de daño, a fin de determinar si el contenido de la grabación de una entrevista sostenida entre los integrantes del pleno del Instituto y un agente económico regulado era o no susceptible de reserva.

El caso derivó de una controversia constitucional promovida por el IFT, en la que argumentó que la resolución del Inai afectó sus atribuciones de órgano regulador de telecomunicaciones, al modificar de facto el mecanismo de contacto previsto en el artículo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el cual establece que las grabaciones de las entrevistas que tengan lugar entre los comisionados con personas que representen los intereses de los agentes regulados por el IFT, deberán mantenerse como “información reservada”.

El pleno de la Suprema Corte determinó que la controversia planteada por el IFT era procedente, pues si bien el artículo 6, apartado A, fracción VIII, párrafo séptimo, de la Constitución, establece que las decisiones del Inai son vinculantes, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, la controversia constitucional puede promoverse cuando un ente legitimado para promoverla estime que se afectan sus ámbitos competenciales.

No obstante, el pleno resolvió que la invasión de competencias alegada en el caso concreto era infundada, ya que la resolución del Inai no interfirió ni modificó las obligaciones del IFT en su carácter de órgano regulador y garante de la competencia en materia de telecomunicaciones, sino que únicamente pretendió que un sujeto obligado (como lo es el IFT) cumpliera con los principios y procedimientos previstos por la Constitución y la legislación en materia de transparencia y acceso a la información; lo que en todo caso es competencia del Inai y no del IFT.

Adicionalmente, el pleno precisó que a los organismos constitucionales autónomos les es aplicable el régimen de transparencia y acceso a la información previsto en el artículo 6 de la Constitución General, así como en las Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que el hecho de que el artículo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establezca que este tipo de grabaciones deben mantenerse como información reservada, no exceptúa al IFT de realizar una prueba de daño caso por caso.

Esta determinación de los Ministros, se dio como parte de la Controversia constitucional 308/2017, promovida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en contra de la resolución dictada el 1 de noviembre de 2017, por el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el recurso de revisión RRA 4977/17.

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