La independencia del Poder Judicial pasa porque las remuneraciones de los jueces sean dignas, afirmó Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte.

“Las condiciones de seguridad, estabilidad, remuneraciones dignas y capacitación no son en beneficio personal de los juzgadores, ni mucho menos privilegios inconfesables de éstos, sino condiciones necesarias para un servicio público indispensable, ineludible, en un país democrático que busca tener paz en el respeto a los derechos humanos de todos, y construir, con ello, una sociedad más justa, pues tener buenos jueces, independientes y confiables hace que la democracia sea real y efectiva, y el Estado de Derecho deje de ser una utopía”.

En su alocución durante la ceremonia con motivo del Día del Abogado que se celebró en la Residencia Oficial de Los Pinos y que encabezó el mandatario Enrique Peña Nieto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dijo que la independencia del Poder Judicial garantiza el equilibrio de los poderes, la defensa de la Constitución frente a la arbitrariedad de las autoridades y un freno a los atropellos de las mayorías frente a las minorías.

Desde su perspectiva, el requisito de independencia e imparcialidad de los jueces no es una prerrogativa, ni un privilegio que se les reconozca en su propio beneficio, sino que se justifica por la necesidad de que puedan ejercer su función como guardianes del Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas.

“Como tal, la independencia del Poder Judicial debería ser considerada por todos los ciudadanos y por todo órgano del Estado como una garantía de verdad, de libertad, de respeto a los derechos y de justicia imparcial, libre de influencias”.

La independencia de los jueces, estableció el ministro, no depende únicamente de convicciones propias de los juzgadores, sino de que esté enmarcada en las condiciones favorables que lo permitan.

“No sólo facilitándoles su trabajo, sino dándoles la necesaria seguridad de que serán respetados en sus decisiones, en su permanencia en el cargo, en su integridad personal, en tener remuneraciones y condiciones de retiro razonables y dignas, que le permitan tener la humana tranquilidad para reflexionar sus análisis y decisiones, sin presiones, ni internas, ni externas, que doblen la vara de la justicia”.

Aguilar Morales consideró que el respeto de la función del abogado es una condición esencial de una sociedad democrática, ya que el abogado debe ser pilar y líder en la lucha contra la corrupción, inseguridad y desigualdad, que son “el cáncer que debilita, desgasta y destruye vidas y sociedades. Por eso, como abogados, debemos impulsar la recta conducta de nuestros miembros”.