En los últimos años, el gobierno federal ha destinado un gasto mayor para el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin embargo, pese al alza presupuestal, las agresiones no cesan.

Un total de 1,226 personas se encuentra dentro de este mecanismo por presentar algún riesgo a su vida.

Las cifras sobre los ataques son diversas ya que de acuerdo con la organización Artículo 19, del 2000 al 2019, 126 periodistas han sido asesinados en nuestro país; siete de ellos en lo que va de este año: Rafael Murúa Manríquez; Jesús Ramos; Reynaldo López; Santiago Barroso Alfaro; Omar Iván Camacho; Francisco Romero Díaz, y Norma Sarabia.

Mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)  ha dicho que ya suman 149 periodistas asesinados desde el 2000, de los cuales 16 fueron mujeres.

El mecanismo, adscrito a la Secretaría de Gobernación, cuenta este año con un presupuesto de 207 millones 600,000 pesos, es decir, 67.4 millones de pesos menos que en el 2018. Sin embargo, la Segob está destinando un monto mayor mensual para el mecanismo de protección.

Información obtenida por El Economista a través de solicitudes de transparencia muestra que en enero la Segob erogó 20.9 millones de pesos, un monto menor a los 21.1 millones que se destinaron en el mismo mes del año pasado. Mientras que en febrero la Secretaría destinó 25.2 millones de pesos, superando los 21.5 millones que se ejercieron en el mismo mes del año pasado.

En el caso de activistas y defensores de derechos humanos, la  Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos contabiliza, hasta el pasado 5 de julio, 14 asesinatos en lo que va del año en nuestro país.

Insisten en reforzar medidas

Fortalecer la prevención y evitar agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como garantizar la transparencia y rendición de cuentas del mecanismo para su protección, están entre los principales retos del Estado.

Lo anterior se deriva de la tercera Mesa Técnica de Parlamento Abierto para la dictaminación de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en donde se destacó que la impunidad lacera la defensa de ambos actores sociales.

Representantes de la sociedad civil y del gobierno expresaron que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas debe coordinarse con el mecanismo de desaparición forzada y la ley debería crear una instancia de implementación.

También se hizo referencia a la importancia de generar un plan de retorno de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que, por seguridad, son desplazados de sus lugares de origen, con lo que pierden vida profesional, familiar y social. (Con información de Notimex)