Hombres armados atacaron la noche de este martes un bar de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, y provocaron un incendio que dejó 28 muertos y 9 heridos de gravedad, un hecho que estaría relacionado con disputas entre grupos del crimen organizado, informaron este miércoles las autoridades.

"Han muerto 28 personas, 25 en el lugar de los hechos y tres en hospitales", dijo a la AFP un alto funcionario de Veracruz.

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el ataque "inhumano" y agregó que las autoridades federales lo investigarían como el producto de posible contubernio entre la fiscalía del estado de Veracruz, que abarca a Coatzacoalcos, y el crimen organizado.

El atentado es el más reciente que golpea a Veracruz, una de las zonas más violentas del país por su ubicación geográfica en el Golfo de México, que los narcotraficantes usan con frecuencia para el trasiego de drogas a Estados Unidos y escenario de extorsiones y secuestros de migrantes.

Los agresores irrumpieron en el bar "Caballo Blanco" y abrieron fuego contra los asistentes, para después provocar un incendio con bombas molotov, según algunos testigos. Otros dicen que rociaron gasolina para luego prender fuego.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dijo en Twitter que los indicios sobre este "deplorable crimen" señalan que uno de los autores materiales de la masacre ya habían sido detenidos en julio pasado, y liberados 48 horas después por la fiscalía local, aunque la dependencia lo negó.

López Obrador confirmó la información de que algunos posibles responsables habían sido detenidos y dejados en libertad previamente, y dijo que su gobierno investigaría "a fondo" tanto el ataque como el presunto enlace entre la fiscalía estatal y grupos criminales.

"Este contubernio, esta asociación delictuosa entre criminales y autoridades, en el caso de que así se demuestre, es corrupción, y es lo que tenemos que ir combatiendo", apuntó el presidente, que fue electo el año pasado con un virulento discurso anticorrupción.

 

La Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno de Veracruz informaron que realizan acciones de seguridad en Coatzacoalcos, una ciudad costera de 235,000 personas frente al mar Caribe, para ubicar a los responsables de la masacre.

El último baile

La noche del martes 27 de agosto prometía ser una velada desenfrenada para los asistentes del modesto bar "Caballo Blanco" al ritmo de reggaetón. Pero la fiesta terminó en tragedia.

Sobrevivientes aseguraron a la AFP que unos ocho sujetos armados irrumpieron en el lugar lanzando disparos.

"Los sujetos llegaron en varios vehículos, con armas largas y cortas. Amagaron a los vigilantes de la entrada y tomaron el control del acceso principal", contó un testigo.

El interior del bar estaba destrozado y carbonizado, sillas volcadas y escombros en el suelo. El cuerpo desnudo de una mujer que había estado bailando yacía a un costado de la pista de baile junto a dos tubos de striptease.

De las 25 bailarinas que tenía el centro nocturno, 10 fallecieron, dijo un encargado del bar.

"Mi sobrina se metió de bailarina hace unos meses, quería sacar adelante a su hija y cursar una carrera, era mamá soltera", dijo María Vázquez, tía de una de las bailarinas de 22 años, una de las que perecieron.

Mario Cortés es padre de otra víctima de 32 años. "Mi muchacho ayer se fue a buscar trabajo como cargador al puerto con dos amigos, pero no les dieron nada, y se pasaron a tomar unas cervezas al Caballo Blanco, y le tocó", relató.

Medios locales reportaron que entre los muertos habría dos filipinos. La embajada de ese país dijo que estaba investigando.

Corrupción, asesinatos

México ha sido golpeado por una ola de violencia desde que declaró la guerra contra las drogas y desplegó al ejército para luchar contra sus poderosos carteles en 2006. Desde entonces, más de 250,000 personas han sido asesinadas, incluido un récord de 33,753 en 2018.

La situación en Veracruz ha sido particularmente sombría. El exgobernador Javier Duarte (2010-2016) está en prisión y es acusado de presidir una ola de corrupción y abusos contra los derechos humanos.

Dos exjefes de la policía estatal y una serie de exfuncionarios han sido acusados de dirigir escuadrones de ataque que secuestraron y presuntamente mataron a personas no deseadas durante su administración.