De las 2,458 administraciones públicas municipales y delegacionales censadas al finalizar el 2016 por el Inegi, apenas 167 de ellas afirmaron contar con algún plan o programa anticorrupción y 1,900 declararon definitivamente no contar con él.

La infomación del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017 señala que estas cifras se traducen en que sólo 6.8% de los municipios y delegaciones cuentan con alguna estrategia para combatir la corrupción y la mayoría, 77.3% no. Otro 9.6% de las administraciones dijo estar en un proceso de integración, mientras que 6.3% afirmó no saber si contaban o no con un plan o programa para este propósito.

Al cierre del año se registraron a poco más de 1 millón de empleados en administraciones públicas y municipales y tan sólo 49,939 servidores públicos que prestaron servicios a nivel municipal o delegacional acreditaron algún curso de capacitación anticorrupción. De este grupo, la gran mayoría fueron mujeres.

De los casi 50,000 servidores públicos que sí se han capacitado en el combate a la corrupción, la mayoría se concentró en gobiernos del estado de Guanajuato, ya que 27.8% de ellos desempeño labores en municipios de la región.

Sinaloa, Tamaulipas y Durango son los estados más atrasados en el enfrentamiento a la corrupción. En cada una de estas entidades sólo 0.1% de sus servidores públicos a nivel municipal se capacitó para frenar la corrupción. Aguascalientes, Chihuahua y Baja California Sur continúan la lista.

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