A la fecha, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido al menos nueve solicitudes de candidatos a cargos de elección popular para que se les asigne seguridad, de los cuales ocho son federales y uno local. Las peticiones son enviadas a la Secretaría de Gobernación para que esta dependencia analice, y de ser el caso apruebe y determine el tipo de protección que se le ofrecería al aspirante.

El pasado 4 de abril, la Secretaría de Gobernación y el INE presentaron el Protocolo de Protección Personal para los Candidatos a la Presidencia de la República, acto en el cual se informó que se ofrecería seguridad también a candidatos a otros cargos que así lo requirieran.

Ayer, el presidente de la Comisión de Organización Electoral del INE, Marco Antonio Baños, fue cuestionado sobre los actos de violencia contra candidatos. Un día antes habían asesinado a un edil en Jalisco que buscaba la reelección.

Baños consideró preocupante los casos de violencia en contra de aspirantes a un cargo de elección popular, los cuales “pareciera no son tan aislados”.

Asimismo, dijo, si dar detalles, que no habían llegado solicitudes por parte de los aspirantes a la Presidencia de la República de medidas de seguridad.

Al caso de Jalisco se suma el del pasado 11 de abril, de Maribel Barajas, candidata por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que aspiraba a una diputación local por el Distrito XXII de Múgica en Michoacán, quien también fue asesinada.

“De septiembre del 2017 al pasado domingo se han registrado 58 asesinatos, que es ya una cifra muy preocupante. Este fin de semana son dos personas y este tema tiene que ser atendido ya de manera más puntual por las autoridades”, condenó el consejero Baños.

Según el estudio “Tercer Informe de Violencia Política México 2018”, elaborado por la firma Etellekt Consultores, durante el inicio del periodo de campañas los asesinatos en contra de actores políticos bajaron, sin embargo, aumentaron las agresiones y las amenazas.

Desde el 30 de marzo y hasta el 8 de abril de este año no se registraron asesinatos en contra de políticos, sin embargo se produjeron 23 agresiones distintas, la mayor parte de ellas amenazas e intimidaciones, en los estados de Michoacán, Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Baja California Norte.

CONSEJEROS CRITICAN VIOLENCIA EN CAMPAÑAS

El tema de la violencia política llegó al Consejo General del INE. En sesión extraordinaria en la que se discutió el formato de los tres debates presidenciales, consejeros electorales se pronunciaron este lunes en contra de las manifestaciones de violencia en las campañas.

En particular, se pronunciaron sobre el incidente registrado el sábado pasado cuando integrantes de la Sección 22 de la CNTE y priistas se enfrentaron con palos y piedras en un acto de campaña de José Antonio Meade en Puerto Escondido, Oaxaca.

Sobre este tema, el consejero Ciro Murayama declaró: “Estoy totalmente de acuerdo con los llamados que se hacen aquí para que se cierre el caso a cualquier expresión de violencia, pero incluso les diría, desde esta mesa y desde las dirigencias políticas: se debe de tener mucha responsabilidad porque cuando los dirigentes o candidatos recurren al ataque verbal, las resonancias pueden ser de descomposición”.

En este sentido se pronunció el consejero Enrique Andrade, quien se sumó “a la condena de cualquier acto de violencia que se presente en estas campañas electorales y también hacer un llamado de responsabilidad, como decía el consejero Murayama, a dirigentes y a candidatos para evitar esta violencia”.

reacción de la cndh

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, dijo que para evitar la violencia política se deben implementar protocolos de protección para los actores políticos bajo amenaza o intimidación.

Refirió que a la fecha no se han acercado al organismo para que active su sistema de alerta para alcaldes en riesgo, como ocurrió hace aproximadamente cuatro años, cuando hubo violencia política en Guerrero.

“No puede uno cerrar los ojos ante realidades, y ahí está la inseguridad, y desde luego que tiene que haber protocolos para quien está siendo objeto de intimidación, de hostigamiento y, sobre todo, de afectaciones a su integridad o a la vida”, dijo en entrevista durante la inauguración del taller Retos y Oportunidades para la Prevención de la Tortura en México.

Además, el ombudsman condenó el asesinato del alcalde con licencia de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, Juan Carlos Adame Magaña, e insistió en que las autoridades deben dar respuesta puntual y mandar señales claras de compromiso con la investigación de éste y otros crímenes.

No se pueden mandar señales en ese sentido, expuso, cuando vemos que no hay titular (en la PGR), no hay un cambio en el modelo de justicia, de procuración de justicia, no hay un titular en el mismo, no está el fiscal anticorrupción, no están las magistrados, es decir, necesitamos voluntad política para cambiar modelos, afirmó.

Enfatizó que el modelo de procuración de justicia “está agotado”, y recordó que de ahí la propuesta de crear fiscalías autónomas, y aunque a la fecha existe más de una decena en distintas entidades, “nada más cambiaron de nombre, no de modelo”.

González Pérez reiteró que frente a la violencia política que existe en contra de los actores, la mejor señal que se puede enviar es el combate frontal a la impunidad y que los responsables sean procesados y sentenciados.

“La impunidad es lo que necesitamos erradicar, y para erradicarla necesitamos que, con base en la ley, con profesionalismo, haciendo uso de sistemas de inteligencia, se pueda llegar a los responsables”. (Con información de Leopoldo Hernández)