La iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas se mueve entre una norma que puede llegar a ser positiva con una falta de voluntad política e institucional, advierte Juan Carlos Gutiérrez, coordinador de Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

En entrevista, destacó que si bien a la norma se incorpora una definición adecuada de desaparición forzada, no existe la infraestructura institucional y de elementos especializados en el tema.

El problema no es la ley, es la falta de voluntad institucional y política , reiteró, y ejemplificó lo anterior con la reducción de recursos para la Fiscalía (antes Unidad) Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Un grupo de 37 organizaciones de familiares de personas desaparecidas y de derechos humanos entre ellos Idheas cuestionaron que mientras la problemática de la desaparición de personas se agrava, los recursos se recortan.

Al tomar como base el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2014, se asignó a dicha unidad 40.2 millones de pesos. A pesar de que la problemática de la desaparición de personas en el país se agravó durante el año pasado, los recursos asignados en el presupuesto para esta unidad en el 2015 se redujeron a 14.6 millones.

La Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha estado muy por debajo de las necesidades para la búsqueda e investigación adecuadas... , refirió el contingente.

A pesar del cambio de nombre, la fiscalía cuenta con recursos incluso inferiores, puesto que cuenta con 21 Agentes del Ministerio Público Federal, pero las averiguaciones previas ascienden a más de 1,000.